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El ayuntamiento de Mineral de la Reforma, encabezado por el presidente municipal Eduardo Medécigo Rubio, afirmó que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción sobre la denuncia presentada por la regidora Marlén Puertas Ramírez, relacionada con el arrendamiento de 25 vehículos por un monto proyectado de más de 27 millones de pesos.
A través de su área de comunicación social, la administración municipal señaló que, al no existir una notificación oficial, se desconoce el contenido específico de la denuncia, por lo que no es posible emitir un posicionamiento jurídico o político de fondo. Indicaron que cualquier pronunciamiento en este momento sería especulativo, ya que únicamente se tiene conocimiento del tema por lo que ha sido difundido en medios de comunicación.
No obstante, el ayuntamiento confirmó que el arrendamiento de las unidades se realizó el año pasado mediante un proceso administrativo que aseguró se apegó a la normatividad vigente. Precisó que el monto de 27 millones de pesos corresponde a un contrato previsto a tres años y no a un pago realizado en una sola exhibición ni durante el primer año de la administración, ya que el gasto se distribuye de manera escalonada y el contrato está sujeto a renovaciones anuales, sin obligación de cumplirse en su totalidad.
La administración municipal sostuvo que la contratación se llevó a cabo a través de una licitación pública nacional, en la que participó una sola empresa, misma que fue verificada por la Contraloría del estado para confirmar su legalidad y descartar que se tratara de una empresa fantasma. Añadió que el procedimiento fue revisado por las áreas administrativas correspondientes y aprobado en sesión de Cabildo, donde se registraron votos a favor, en contra y abstenciones.
Asimismo, el gobierno municipal justificó el arrendamiento al señalar que, al inicio de la actual administración, el ayuntamiento carecía de unidades vehiculares en condiciones óptimas para la operación de las distintas áreas, por lo que el arrendamiento representó una alternativa inmediata. Indicó que el contrato contempla que la empresa absorba costos de mantenimiento, impuestos, verificación y otros servicios, siendo el combustible el único gasto adicional para el municipio.
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En este contexto, el ayuntamiento subrayó que la regidora se encuentra en su derecho de presentar los recursos legales que considere pertinentes, y reiteró que será hasta que exista una notificación formal cuando las áreas jurídicas y administrativas analicen la denuncia y definan la postura institucional correspondiente.
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