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En días recientes surgió una discusión en redes sociales sobre si es inmoral que un político cobre la Pensión del Bienestar mientras recibe un sueldo del erario. Como suele suceder en la sociedad mexicana, hablamos con gran soltura de conceptos que pocos se detienen a entender.
Un sector aseguró que ejercer ese derecho es inmoral. Pero vale la pena aclarar: la moralidad —concepto que ha perdido peso real pero ha aumentado su presencia en redes sociales— es local, cambiante y cultural. Se refiere al conjunto de normas, valores y costumbres que una comunidad comparte para regular el comportamiento. Así, lo que para un grupo es inaceptable (como cobrar una pensión teniendo otro ingreso), para otro puede ser perfectamente legítimo.
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Aquí es importante distinguir entre moral y ética. Mientras que la moral depende del entorno cultural y puede cambiar con el tiempo, la ética es razonada, universal y busca proteger los derechos humanos por encima de opiniones locales. La ética evalúa las acciones a través de principios como la justicia, la equidad y la dignidad humana, no de modas o juicios sociales pasajeros.
¿Es inmoral que los políticos cobren la pensión universal?
No necesariamente. La pensión universal para mayores de 60 años en México no es un favor ni una dádiva, es un derecho social establecido en la Constitución. Si una persona cumple los requisitos, tiene derecho a cobrarla, sea político, trabajador o empresario. No transgrede ninguna norma compartida por la sociedad en términos legales o formales.
El verdadero problema no es moral: es ético y político.
Aunque legalmente pueden hacerlo, la cuestión de fondo es si deberían hacerlo. Ahí es donde entra la ética: el juicio personal sobre lo correcto, incluso cuando la ley lo permite. ¿Ese político cumple cabalmente su función pública? ¿Trabaja con integridad? ¿Su conducta respeta el interés general o solo su beneficio personal?
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La discusión no debe ser si pueden cobrar la pensión. Legalmente, pueden.
Juzgar como inmoral el ejercicio de un derecho es un camino peligroso. Socavar el valor de los derechos universales con argumentos morales mal planteados abre la puerta a su restricción o eliminación. Si hoy se cuestiona el derecho de un político a cobrar una pensión, mañana podría cuestionarse el derecho de cualquier ciudadano a recibir apoyos sociales básicos. Los derechos no se condicionan al prestigio, al cargo o al juicio moral del momento.
Mientras tanto, en sociedades más avanzadas como las europeas, esta discusión quedó rebasada hace décadas. Ahí se entiende que los derechos sociales son universales, independientemente de la ocupación. Sin embargo, en México seguimos atrapados discutiendo conceptos moralmente viejos, incapaces de evolucionar hacia una visión más justa y moderna de la ciudadanía y los derechos.
mho