Los resultados de la elección a diputados locales del pasado domingo 6 de junio, nos indica que existirá un equilibrio de poderes en el Estado en los próximos meses, teniendo como contexto que el partido MORENA tendrá mayoría en el Congreso del Estado. Sin embargo, en la práctica, la oposición podría limitar de recursos al ejecutivo, para impulsar las políticas públicas pendientes a consolidar al cierre de la actual administración estatal, lo que puede significar un retroceso en el desarrollo económico y social de los próximos años.
Como se ha mencionado con anterioridad en este espacio, en materia de movilidad existe un avance significativo en el marco normativo, pero sigue pendiente el desarrollo de infraestructura sustentable en territorio hidalguense; pero si hablamos del sistema de transporte masivo, cuyo presupuesto está limitado podría poner en riesgo la operación del sistema y la movilidad de miles de personas que utilizan este medio de transporte para realizar diferentes actividades en la capital del Estado y en su zona conurbada.
Como diputados, deben dejar atrás las campañas electorales y empezar a trazar el rumbo de la entidad, donde legislen e impulsen políticas que beneficien a la mayoría de la población, en específico de los menos favorecidos, cuyas personas requieren ser beneficiadas por los programas y acciones que se impulsan desde el Estado con el respaldo y acompañamiento del poder legislativo, que trascienda en una mejor calidad de vida para la población hidalguense.
El equilibrio de poderes se celebra cuando hay un objetivo en común, se debaten las iniciativas con la ciudadanía, expertos y se construye una propuesta integral y no una imposición de proyectos que terminan siendo políticas con poco o nulo impacto social.
Desde este espacio se celebra la pluralidad de los poderes y se les hace un atento llamado a los diputados locales electos, para impulsar leyes, reformas y gestión de recursos equitativos y justos, que permitan mejorar las condiciones de vida de la población hidalguense y elevar los indicadores de bienestar que requiere el Estado, partiendo de la unidad e inclusión.
