Elecciones 2024: suman cerca de 17 denuncias en actual proceso electoral
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Diana Rodríguez López, informó que del 15 de diciembre del año pasado, cuando dio inicio el proceso electoral en Hidalgo, a la fecha, la dependencia a su cargo ha recibido entre 15 y 17 denuncias relacionadas con la contienda electoral, de las cuales 10 carpetas de investigación se encuentran en integración.
Al finalizar su participación en el panel “Prevención de Delitos Electorales en el Proceso 2024”, la fiscal precisó que el delito más recurrente es la violencia política contra las mujeres en razón de género, mientras que los señalados de cometer los presuntos actos son alcaldes y aspirantes a una candidatura.
Asimismo, recordó que durante el proceso electoral anterior fueron recibidas 200 denuncias, entre violencia política contra la mujer, coacción del voto, quema de material electoral, urnas, entre otros; pero se estima que al ser una contienda electoral grande, el número sea superado, por lo que “ya nos encontramos preparados para eso”.
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No obstante, precisó que aún están en integración al menos 20 expedientes, pero los procesos de investigación se llevan a cabo de manera adecuada.
Asimismo, refirió que hay aspectos que toman más tiempo indagar, como los relacionados con redes sociales o ahora la inteligencia artificial, toda vez que es complicado dar con la persona que realiza el acto detrás de una computadora.
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Sin embargo, a la fecha se tienen judicializadas seis carpetas en espera de que un juez del Poder Judicial del estado, emita una sentencia condenatoria o resuelva a través de medios alternos; mientras que de los casos resueltos, algunos se llevaron a cabo a través de procedimientos abreviados y en otros se obtuvo la suspensión condicional.
Por otra parte, durante el panel Rodríguez López informó que a finales de mayo llevarán a cabo despliegues ministeriales en coordinación con la Guardia Nacional, agentes de investigación criminal, Fiscalía, entre otras autoridades para inhibir la comisión de delitos electorales, por lo que vigilarán, entre otras cosas, que los tres niveles de gobierno resguarden el parque vehicular oficial para evitar que se haga uso de estos con otros fines a los establecidos.
