El huachicoleo rompe cultura de legalidad en 23 municipios

Desde 2017 el delito de robo de combustible dejó de ser un negocio de pocos y se fue extendiendo en localidades de más de 23 municipios de Hidalgo, en donde se da la extracción ilegal de hidrocarburos y gas LP, además del trasiego y la venta de los energéticos propiedad del Estado mexicano y que son administrados por Petróleos Mexicanos (Pemex). Este fenómeno provocó que algunas comunidades toleraran el robo de hidrocarburo “porque tienen la falsa idea de que no es el robo a un vecino sino a la nación” explicó el investigador Mario Cruz, quien recalcó la necesidad de instrumentar políticas públicas que reconstruyan el tejido social.

Durante los últimos tres meses la PGJEH lleva a cabo el desmantelamiento de grupos delincuenciales en municipios como Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Tula de Allende principalmente. Para el investigador en el área de comercio exterior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Mario Cruz Cruz, para lograr aminorar este delito se requiere no sólo el ejercicio de la fuerza pública y la procuración de justicia, también es urgente una política pública integral que permita restablecer la cultura de la legalidad en dichas regiones.

El académico del Instituto de Ciencias Económico Administrativas también planteó la necesidad de evitar la “renta criminal» de jóvenes, adolescentes, adultos mayores, hombres y mujeres que adoptan esta actividad ilícita, económicamente redituable, y para la cual prevalecen pequeños y grandes consumidores.

Cruz identificó que son cuatro regiones donde se extiende la actividad: la región de Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec y Tulancingo e incluso Acaxochitlán; la zona de Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma y Zempoala; la zona de Tula de Allende con municipios aledaños que se extienden desde Atitalaquia, hasta Tlahuelilpan y Tepetitlán; y la de Huichapan y Nopala, en su colindancia con Querétaro, zona donde el hidrocarburo e extracción ilegal ya resultó ser imán, incluso para grupos delincuenciales de estructuras nacionales.

El investigador también detectó que, mientras en otras regiones era un negocio desde la improvisación, después avanzó a una organización mercantil de familias particularmente en la zona poniente de la entidad. Posteriormente, la incidencia en el ingreso de dichas estructuras atrajo una escalada de violencia en donde “se comenzaron a hallar cuerpos mutilados, encobijados, decapitados y ejecuciones en pleno día”.

Apenas en marzo pasado en Huichapan se encontraron cuatro cuerpos mutilados que habrían sido torturados; sin embargo, la violencia en esta zona también se extendió a municipios como Ixmiquilpan, Tecozautla y Alfajayucan, tramos por donde atraviesa una de las carretas más importantes de la entidad, la México – Laredo y que se enlaza a Querétaro.

En municipios como Huichapan, Nopala o Alfajayucan, la PJGEH aún no ha llevado a cabo cateos ni operativos, y es la Guardia Nacional quien vigila esta carretera federal.

De un negocio de pocos a localidades completas

En 2016, Hidalgo era la sexta entidad con mayor número de tomas clandestinas detectadas por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en todo el territorio nacional. En 2017 escaló al cuarto sitio con mil 58 tomas identificadas, pero la cúspide llegó en 2018, cuando se colocó como el primer lugar nacional al duplicarlas y registrar 2 mil 111 tomas ilegales dedicadas a la extracción de los tres principales ductos que atraviesan la entidad y cuyo punto de partida y destino es la refinería Miguel Hidalgo asentada en el municipio de Tula de Allende.

Para el 2019, el delito ya estaba enraizado y organizado, y se alcanzarían las 4 mil 29 tomas identificadas, aún y con los operativos de desmantelamiento organizados por la Policía Federal e incluso su grupo de élite la Gendarmería Nacional, tras la explosión del 18 de enero en un ducto en la localidad de San Primitivo, límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, con saldo de 137 personas fallecidas.

Para el 2020, la tendencia llegó a los 4 mil 994 puntos de extracción ilegales detectados, a pesar de que comenzaron los operativos de vigilancia a cargo de las fuerzas federales en ductos estatales. En el siguiente año fueron 4 mil 461 tomas. Según el Informe de Seguridad Nacional en ese tiempo se encontraron 23 túneles diseñados ya expresamente para la extracción del hidrocarburo desde fuentes más alejadas y para tener un almacenamiento directo en cisternas, mecanismos que refieren una sofisticación en cuanto a la extracción y la colocación incluso de multitomas o toma nodriza.

Según cifras recientes emitidas por la Décimo Octava Zona Militar, en 2022 se encontraron 4 mil 935 tomas, con un estimado de 632 mil 912.92 barriles de combustible robado en territorio hidalguense.

Tras varios años de que este delito se expandiera y los activos económicos también, se reconoció el apoyo de la base social en las localidades para permitir tanto la protección de los delincuentes como el apoyo en la actividad ilegal.

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Detenciones de alto impacto han cimbrado comunidades

El 28 de julio de 2021 más de 500 pobladores de Guadalupe y Victoria, municipio de Cuautepec de Hinojosa, acudieron al Palacio de Gobierno estatal para manifestar su desacuerdo con los operativos instrumentados por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y agentes ministeriales de la PGJEH en la zona, pues describieron que había acuerdos que no estaban respetando y dieron algunos nombres de mandos medios involucrados que estaban rompiendo con la dinámica.

Se quejaron del operativo instrumentado por la Secretaría de Marina que buscaba capturar al entonces líder Marín Cenobio, actualmente preso y procesado por la FRG por robo de hidrocarburos.

En ese 2021 también fueron detenidos José Artemio Maldonado, líder de este delito en la zona de Tepetitlán – Nopala – Tezontepec – Chapantongo y Salvador Reséndiz, quien fue detenido en Querétaro, bajo la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero que operaba en la región de Huichapan y San Juan del Río en el trasiego de combustible ilegal.

De acuerdo con Mario Cruz Cruz, experto en políticas públicas multisectoriales y mercados ilícitos y quien ha estudiado este fenómeno en Hidalgo, el auge de este delito se dio al amparo de factores como la corrupción.

“El robo de hidrocarburos no se entiende sin la existencia de la corrupción, el huachicoleo no puede funcionar sin el apoyo institucional”, destaca el investigador, quien añadió que el contubernio se dio desde autoridades de municipios, del estado, la federación y la misma Pemex, pues de otra manera no se pudo haber dado su expansión.

Y acotó que otro factor fundamental es que “no existe una figura que sancione la legitimidad social que da cobijo a quien roba el hidrocarburo. Hay comunidades que no les desagrada el robo de hidrocarburo porque tienen la falsa idea de que no es el robo a un vecino sino a la nación, y “por tanto al ser de la nación les pertenece”, explica.

En las detenciones, la PGJEH, al ser de su competencia, ha imputado el delito de narcomenudeo al hallar drogas como cristal, yerba verde o con características de mariguana y otros productos. Al respecto, el investigador explica que para algunas personas estas actividades ilegales se concatenan, pues se “acostumbran a la renta criminal” y quedan asentados los patrones.

De ahí la necesidad de instrumentar políticas públicas efectivas para las zonas que permitan la reconstrucción del tejido social, pues al cerrar las válvulas de extracción, los delitos se diversifican a otras actividades como robo a casa habitación, narcomenudeo, robo de autos, extorsiones y secuestros.

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“Saben que no regresarán a su casa mucho menos a la escuela”

A la sala tres de los juzgados penales del Primer Circuito de Pachuca, esposadas entran las mujeres, son dos muy jóvenes y una adulta. Minutos después, seis hombres ingresan también esposados y con la ropa beige para su vinculación a proceso por el delito de narcomenudeo con fines comerciales, pues queda pendiente su presentación ante los juzgados penales federales para poder imputarles el delito de robo y almacenamiento de hidrocarburos con fines comerciales.

Las nueve personas que fueron detenidas en el municipio de Santiago Tulantepec, en la localidad de La Palma, en un cateo que fue ejecutado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), comparecieron ante un juez de control. Con una sala de oralidad llena, entre detenidos, abogados y abogadas defensoras y ministerios públicos, los familiares permanecen afuera; la mayoría de las mujeres se acompañan con bebés o niños pequeños.

En audiencia, los más jóvenes, con apenas 27 años, se sienten tranquilos, pero al pasar las horas y escuchar las imputaciones, una joven de cabello trenzado llora, una mujer adulta la consuela; a su costado, un hombre de suéter café claro, también la acoge en su hombro. Le piden tranquilizarse, pero no deja de llorar porque escucha que se quedarán en reclusión. En la fila de atrás, otro casi adolescente, un joven alto y de piel blanca, se queda más pálido y voltea a ver a los abogados, se ve confundido, pero prefiere no llorar. En el desahogo de la audiencia no se aclara cuál fue la presunta participación de cada persona, sólo se engloba. Al menos tres apellidos son comunes entre los detenidos.

Los adultos tratan de tranquilizar a los más jóvenes, pero es inevitable, se les vincula a proceso por narcomenudeo, saben que no regresarán a su casa mucho menos a la escuela. La audiencia por posesión de hidrocarburo robado está pendiente aún, por ser un delito federal, así que tendrán que sumar otra carpeta de investigación, aunque al cateo no acudieron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se requiere una política pública integral pero también sanear a la paraestatal y evitar los esquemas de corrupción, y prevenir el involucramiento de efectivos policiacos. Y la construcción de una cultura de la legalidad para la ciudadanía.

En dos de las audiencias con imputación de narcomenudeo, (no por robo de combustible porque esas corresponden a la Fiscalía Genera de la República) se escucharon apellidos similares, es decir, parientes que colaboran en esta actividad, para sociólogo Carlos Mejía, esta es la tónica en algunos municipios donde se detectan la familia involucrada en la actividad, debido a que se explotan valores como la “lealtad” que se tienen que mantener para resguardar el delito.

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