El derecho a comparecer

En este espacio me he referido al derecho de la población a comprender las comunicaciones emitidas por la autoridad. Es un tema que cobra relevancia ante las modificaciones aceleradas en el uso del lenguaje entre las generaciones más jóvenes, la permanencia de fórmulas tradicionales que mantienen un mensaje cada vez menos entendible y la resistencia a sustituirlo en aras de cerrar esa brecha que aleja a las personas de las instituciones.

En un Estado democrático de derecho el problema no es menor. Si algo debe fluir sin obstáculos es una comunicación que permita a las y los gobernados entender de inmediato, sin intermediación, las voces provenientes desde los órganos públicos y sus representantes. De otra suerte la lejanía se acentúa hasta deteriorar la indispensable relación y luego cortarla.

Todas y todos debemos estar en posibilidad de comprender el discurso de la autoridad, independientemente de su naturaleza temática. Incluso lo técnico, aquello que se nos quiera trasmitir, y más lo importante por su impacto y consecuencias. Lo mismo aquello que sea de rutina gubernamental, como las grandes decisiones del Estado. Para logarlo el punto de partida está en un cambio de costumbres en las administraciones públicas y en los entes que conforman la estructura oficial.

En nuestro país han habido proyectos serios para alcanzar ese objetivo en el gobierno federal, sin embargo no alcanzaron la importancia suficiente y convertirlos en política pública. Más avances se tienen en el Poder Judicial de la Federación donde crece la redacción de sentencias con una versión en lenguaje claro. No ha sido igual en el Poder Legislativo ni en los órdenes de gobierno municipal y estadual.

Esta tendencia renovadora en el uso del lenguaje, surgida en Europa, ha cobrado fuerza en España donde apenas en el próximo pasado marzo se firmó el “Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía”, con la participación del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Real Academia Española, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y el Consejo General de la Abogacía Española,  entre otras instituciones que ahí señalan: Es esencial para que todas las personas puedan ser libres e iguales, y para que puedan participar de forma efectiva en los asuntos públicos, que comprendan los instrumentos a través de los cuales se expresan las diversas instituciones del Estado.

En América, señaladamente en Colombia y Argentina, también avanza la propuesta del uso del lenguaje claro a través de redes que articulan trabajo académico con disposiciones administrativas y normas legales.

Lo más destacable es que este asunto ha evolucionado de verse como una buena  práctica en sentido aspiracional, a un derecho: el derecho a comprender.

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Colombia, acaba de publicar el libro Por el derecho a comprender. Su profesora y presidenta de la Red de Lenguaje Claro de ese país Betsy Perafán Liévano, reunió el trabajo de dieciséis autoras y autores, incluida ella, quienes abordan trece aspectos del tema: de la definición del concepto hasta la educación jurídica, pasa por los antecedentes de este movimiento internacional, la participación e inclusión social, la transformación en la interacción con las autoridades y la claridad en el discurso jurídico.

Aquí hice también referencia a esa publicación donde Brigitte Marcela Quintero Galeano, en su ensayo Lenguaje claro: Rupturas de mi punto de vista para la construcción de un  nosotros, dice que el lenguaje es nuestra casa y nuestra cárcel, nuestro lugar, el de todos, y que hemos sido ubicados allí involuntariamente o mejor, impositivamente, como un gesto de instalación en la humanidad, la sociedad, la comunidad.

Coautora también de la Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia, define al lenguaje claro como el estilo de comunicación verbal y escrita de las comunicaciones del Estado que genera información comprensible, pensada desde el mundo de los ciudadanos, y establece que su principio por excelencia es  ponerse en los zapatos del otro, esto es empatizar, tener la disposición y capacidad de situarse en la palabra del otro.