La metropolización de Hidalgo no fue planeación; fue absorción. No nos tomó por sorpresa: nos tomó sin rumbo. Lo que hoy se vive en el sur del estado no es el resultado inevitable del crecimiento urbano, sino la consecuencia de decisiones públicas que privilegiaron el negocio inmobiliario sobre la calidad de vida.
Hidalgo dejó de ser periferia para convertirse en dormitorio. Miles cruzan a diario la frontera invisible con el Estado de México y la capital para trabajar. Pero ese crecimiento no vino acompañado de parques, transporte eficiente ni servicios sólidos. Mientras el estándar internacional sugiere al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en fraccionamientos masivos de la zona Tizayuca-Zempoala apenas se alcanzan 3. Donde debieron existir espacios públicos, se levantaron planchas de concreto.
El problema no es solo urbanístico; es institucional. Se autorizaron desarrollos sin garantizar patrullaje, alumbrado, drenaje suficiente o recolección regular de basura. Hoy existen fraccionamientos que no han sido municipalizados: el desarrollador se fue con la utilidad y el Ayuntamiento no puede intervenir plenamente. El ciudadano paga la hipoteca y también paga el abandono.
A esto se suma una distorsión que empieza a sentirse con fuerza: ya no hay oferta real de vivienda para hidalguenses de bajos ingresos. Los nuevos proyectos apuntan a segmentos de clase media y media alta, desconectados del nivel salarial promedio del estado. Se construyen desarrollos pensados para quien puede pagar más, no para quien más necesita techo. El mercado decide, pero la autoridad permite. El resultado es exclusión territorial: quien gana menos queda fuera o condenado a asentamientos irregulares y periferias aún más lejanas.
La movilidad es otro síntoma del mismo desorden. Se construyeron miles de viviendas sin resolver cómo se trasladarían sus habitantes. Las vialidades colapsan, el transporte público es insuficiente y los tiempos de traslado erosionan horas de vida. Cada minuto perdido es productividad y convivencia que no regresa.
El llamado Efecto Metrópoli exige algo más que parches. No basta con repavimentar cada temporada de lluvias. Se requiere una visión interestatal que entienda que la línea entre Hidalgo y el Valle de México ya no es frontera funcional. Por esa línea cruzan trabajadores, estudiantes y mercancías; también cruzan problemáticas de seguridad. Los servicios públicos en Hidalgo no pueden operar con estándares menores.
El reto se profundiza con proyectos como el AIFA. La llegada de nuevos residentes incrementa la presión sobre agua, transporte, seguridad y gestión de residuos. Si no existe planeación metropolitana coordinada, la plusvalía será discurso comercial, no mejora tangible en el valor real de la vivienda ni en la calidad de los servicios.
La seguridad tampoco se reduce a más patrullas. Entornos urbanos mal iluminados, sin espacios públicos activos y con largos traslados diarios generan condiciones propicias para la delincuencia. La prevención empieza en el diseño urbano y en la presencia efectiva del Estado, no solo en operativos reactivos.
Sin protocolo, hay que decirlo: si el crecimiento sigue guiado por la inercia inmobiliaria y no por criterios técnicos y humanos, Hidalgo continuará funcionando como patio trasero de una megalópolis que expande su mancha sin integrar su responsabilidad. El desarrollo debe medirse en tiempo de traslado reducido, en calles iluminadas, en parques accesibles y en vivienda digna para quienes hoy quedan fuera. Lo demás son renders.
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