Ejidatarios de Zimapán protestan por conflicto con minera y exigen liberar a dos hombres

Amigos, familiares y representantes ejidales exigieron este jueves la liberación de Ramón N. y Martín N., quienes permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ixmiquilpan, luego de ser acusados de los delitos de obstaculización de vías y robo de vehículo, en medio de un conflicto entre ejidatarios y una empresa minera que opera en el municipio de Zimapán.

Durante una manifestación a las afueras del Palacio de gobierno, los inconformes aseguraron que ambos hombres fueron detenidos por defender los intereses de su comunidad y oponerse a la firma de un convenio que, según señalaron, permitiría a la empresa continuar con la explotación de minerales en tierras ejidales.

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Los manifestantes sostuvieron que el acuerdo con la compañía minera no habría sido aprobado por la asamblea ejidal, por lo que consideraron que carece de validez.

De acuerdo con los testimonios expuestos durante la protesta, el conflicto se relaciona con las operaciones de la denominada Mina Balcones, ubicada en Zimapán, cuyos representantes ejidales acusaron de aprovechar recursos minerales sin que exista, a su juicio, un acuerdo justo con la comunidad.

Los inconformes afirmaron que el conflicto escaló luego de que, desde marzo pasado, ejidatarios instalaron un campamento de resistencia y comenzaron acciones para exigir la revisión de las condiciones bajo las cuales opera la empresa.

Posteriormente, señalaron, Ramón y Martín fueron detenidos el pasado 6 de julio y actualmente enfrentan un proceso judicial.

Los familiares y compañeros de los detenidos cuestionaron las acusaciones en su contra y aseguraron que los vehículos retenidos relacionados con la carpeta de investigación ya se encuentran nuevamente en posesión de la empresa.

“Ellos solamente estaban defendiendo su tierra y los recursos del ejido”, señalaron durante la movilización, al insistir en que la comunidad busca un convenio que sea aprobado por la asamblea y que establezca condiciones económicas consideradas justas para los ejidatarios.

Durante la protesta, también se denunció que los ejidatarios habrían recibido pagos de aproximadamente 10 mil pesos anuales por la explotación minera, situación que, aseguraron, ha generado inconformidad entre los integrantes del núcleo agrario.

Además afirmaron, que alrededor de 374 ejidatarios forman parte de la comunidad y que existe inconformidad por las condiciones en las que se ha desarrollado la actividad minera durante varios años.

Los manifestantes también aseguraron que algunos integrantes de la comunidad han recibido amenazas, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para garantizar su seguridad.

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Los manifestantes dirigieron sus exigencias al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, y solicitaron una revisión del proceso judicial y de las condiciones bajo las cuales opera la empresa minera.

También anunciaron que buscarán el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la defensa de los pueblos indígenas y los derechos humanos.

Tras la protesta, una comisión de los inconformes fue atendida por personal del Gobierno del Estado de Hidalgo para establecer un diálogo y exponer las demandas relacionadas con la situación jurídica de Ramón y Martín, así como con el conflicto que los ejidatarios mantienen con la empresa minera.

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