¿Dónde quedaron los beneficiarios del huachicol?

No es un hecho aislado: es parte de una estrategia sostenida. Durante el gobierno de Julio Menchaca se han identificado 18 huachitúneles y 16 ya fueron destruidos. Sólo queda uno pendiente, en Tepeapulco, que se espera inutilizar en los próximos días.

La cifra que mejor retrata el esfuerzo es otra. En casi cuatro años, el Gabinete de Seguridad de Hidalgo ha recuperado 7 millones 3 mil 985 litros de combustible ilícito. Son siete millones de litros que dejaron de alimentar las cuentas del crimen. Cada semana, en la reunión de seguridad, se informan nuevos golpes: pipas, tractocamiones, tomas clausuradas, detenidos.

Nada de esto sería posible en solitario. Estos resultados son fruto de la coordinación entre la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, la Procuraduría de Hidalgo y áreas de inteligencia del Gobierno de México, con respaldo técnico de Pemex Logística. Es la suma de voluntades estatales y federales que durante años no existió. Hoy el mensaje es claro: en Hidalgo, el huachicol ya no tiene tierra fértil.

Sería irresponsable decir que el problema está resuelto. Hidalgo sigue encabezando la lista nacional de tomas clandestinas, con 1,467 en el primer semestre de este año. Precisamente por eso la tarea es titánica y no puede aflojar. Pero una cosa es heredar un incendio y otra haberlo provocado.

Y aquí surge la pregunta de fondo: ¿qué estaba haciendo la administración anterior?

Los números de Pemex no dejan lugar a dudas. Hidalgo pasó de 344 tomas clandestinas en 2016 a 1,064 en 2017 y a 2,121 en 2018, en los primeros años del gobierno de Omar Fayad. En enero de 2018 se localizaron 139 tomas, la cifra más alta en Hidalgo desde que Pemex comenzó a registrar el delito en el año 2000. Seis veces más en dos años. Ese periodo terminó en Tlahuelilpan, en enero de 2019, con más de un centenar de muertos.

Un negocio de ese tamaño no crece sin cómplices. Un túnel de cien metros no se cava en silencio. Necesita semanas de trabajo, bodegas, pipas que entran y salen, permisos, usos de suelo y ojos que prefieren no ver. Resulta muy difícil creer que el huachicol floreciera así sin protección política.

Pero sería un error quedarse sólo en los políticos. El combustible robado no se evapora: alguien lo compra. Detrás de cada toma hay una cadena de distribución que termina en negocios establecidos. Gasolineras que vendían más de lo que compraban, transportistas y empresas que llenaban sus tanques a precio de remate, industrias que abarataron costos con gasolina y diésel de origen ilícito. Muchos empresarios se beneficiaron del huachicol, y lo hicieron con factura y razón social.

Y en esa cadena hay otro eslabón que casi nunca se nombra: los que lavan el dinero. Las ganancias del huachicol no se guardan debajo del colchón. Se blanquean. Para eso existen las empresas factureras, compañías fantasma que emiten comprobantes por operaciones que nunca ocurrieron y le dan apariencia legal al combustible robado y a las fortunas que genera. Con una factura falsa, un litro de gasolina ordeñada se convierte en inventario “legítimo” y un millón de pesos sucio en una “inversión”. Sin factureros y sin prestanombres, el huachicol sería un negocio de pipas y bidones; con ellos, se vuelve patrimonio. Ahí también debe entrar la lupa: rastrear quién facturó, quién cobró y a qué cuentas llegó el dinero.

Por eso es necesario mirar los números con lupa. El SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la FGR y la Procuraduría estatal tienen herramientas para cruzar datos. Pueden revisar volúmenes de venta contra compras a Pemex, crecimientos patrimoniales inexplicables, empresas que florecieron justo en los años de mayor saqueo, funcionarios cuyo nivel de vida no corresponde a su salario y redes de empresas fantasma que facturaron operaciones inexistentes. Si hubo quienes se enriquecieron con este delito, estuvieran en una oficina de gobierno o detrás del mostrador de un negocio, deben ser investigados y castigados por igual.

La administración de Julio Menchaca está desmontando la infraestructura del huachicol: túneles, tomas, pipas y bodegas. Falta desmontar la otra red, la que no se destruye con maquinaria pesada. Es la de los políticos, empresarios, lavadores de dinero y factureros que, desde el poder, desde el dinero o desde el escritorio de un despacho contable, convirtieron a Hidalgo en el estado del robo de combustible. Mientras esa parte de la historia quede impune, la justicia seguirá incompleta.

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