Las redes sociales se han vuelto un lugar de denuncia mediática sobre diferentes temas y en esta ocasión ha sido sobre la discriminación que se realiza en un restaurante en la Ciudad de México, que son ubicados en ciertas zonas de acuerdo al color de piel, por supuesto esto tiene que ver con la discriminación que vivimos en nuestro país, que va mucho más lejos que estos malos incidentes, ¿Por qué tenemos que ir acabando con la discriminación? Por situaciones por las que ha pasado Juan Pablo un niño indígena que fue quemado por sus propios compañeros de clase y quien la propia profesora no procuró que se le brindará la atención médica necesaria y debido a la gravedad de las lesiones ha tenido dos operaciones e injertos en la piel.
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Hay un caso en Hidalgo que no se ha resuelto desde hace 3 años con el Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), en el que se le negó a un niño de entonces 7 años Ángel Daniel participar en los grupos convencionales del Centro de Alto Rendimiento por tener síndrome de Down, en su momento hizo la queja respectiva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no hizo nada al respecto e incluso tuvo un dictamen negativo esto hizo que se fuera a la instancia siguiente que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien emitió una recomendación tanto al Gobernador Omar Fayad como al ombudsman Alejandro Habib, caso que ha llegado hasta la Suprema Corte que ya se ha pronunciado al respecto de la siguiente manera: “La reincorporación del niño a clases ordinarias de natación es adecuada y necesaria para lograr el objetivo que se persigue: la inclusión social a través del deporte. Lo anterior, puesto que su práctica le producirá beneficios individuales y físicos, pero sobre todo sociales y psicológicos, ya que aprenderá desde temprana edad a interactuar con las demás personas, lo que le generará un sentimiento de pertenencia en la comunidad deportiva integrada por personas con y sin discapacidad, así como ejercer mayor control sobre su vida para hacer efectivo su derecho a vivir de manera independiente”.
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Este caso sigue pendiente de resolverse, porque ahora está precisamente en manos de la Procuraduría, en los juzgados penales, contra los servidores públicos que en su momento le negaron este derecho. Además de la discriminación, es increíble que pese a estas situaciones que aún se están investigando, hayan pasado más de 3 años para resolverse, sin embargo, es una lucha para entender lo importante que es la inclusión pero también saber que la función pública es para el servicio a la gente y no un puesto de poder que hay quienes incluso se atrevieron a negar la entrada o dejar de recibir a personas cuando han estado ahí. ¿Les suena?
