Diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez

Diputados de Hidalgo proponen hasta 4 años de cárcel por acecho

Diputados de Hidalgo propusieron tipificar el delito de acecho con penas de dos a cuatro años de prisión, así como sancionar el acoso sexual con hasta tres años de cárcel, con el fin de homologar el Código Penal estatal con el federal.

Marzo 4, 2026

Legisladores locales de Hidalgo propusieron establecer penas de dos a cuatro años de prisión a quien sin consentimiento y sin autorización, realice actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento, contacto no deseado, intimidación o intromisión que dañen la salud psíquica o alteren la vida cotidiana de una persona.

La propuesta de la diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez busca tipificar este delito, así como del acoso sexual, con el objeto de homologar el Código Penal Estatal con el Federal para garantizar a las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad el derecho humano a una vida libre de violencia.

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De acuerdo con la legisladora, la reforma busca erradicar la impunidad ante conductas de asedio persistente e intimidación lasciva, reconociendo el daño psicoemocional que éstas causan y salvaguardando de manera integral la seguridad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad”, expuso.

En su proyecto detalla también diferentes agravantes para el acecho con las cuales se busca aumentar la punibilidad que reciba el responsable si la víctima es menor de edad, adulta mayor, tiene discapacidad o está en situación de vulnerabilidad, además se propone reconocer que el delito se perseguirá a petición de parte.

En el caso del acoso sexual, la legisladora propone penas de uno a tres años de prisión y serán reconocidos como cualquier acto de acoso o intimidación que genere sufrimiento psicoemocional, que lesione la dignidad de la persona, o provoque alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.

Entre las agravantes se considera cuando derive de relaciones laborales, docentes, domésticas o de subordinación, se realice contra menores, adultos mayores, personas con discapacidad o vulnerables; o implique actos de vigilancia o seguimiento.

Aunque en caso de que el sujeto responsable sea un servidor público, se le destituirá e inhabilitará hasta por un año.

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