Diputados aprueban por unanimidad cambio de nombre de Secretarías de Estado
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la expedición de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, así como las reformas al artículo tercero de la Constitución Política de la entidad, propuestas por el gobernador Julio Menchaca Salazar, con lo que se podrá dar paso al cambio de nombre de algunas Secretarías de Gabinete del Poder Ejecutivo.
Las diferentes bancadas partidistas que integran la LXV Legislatura manifestaron su confianza para que con estas adecuaciones se garantice el derecho a la ciudadanía de contar con una buena administración pública.
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A partir de que se publique la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública en el Periódico Oficial del Estado entrará en vigor y por lo tanto, quedará abrogada la actualmente vigente publicada en el 2011.
La nueva legislación se compone por 54 artículos integrados en ocho capítulos, tres títulos y un régimen transitorio de nueve disposiciones, a través de los cuales se desglosan las denominaciones y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública del Estado.
En el caso de las dependencias que cambian de nombre son, la Secretaría de Finanzas que pasará a ser Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social que será conocida como Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ahora se conocerá como Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, el resto se mantienen igual.
Además se elimina la Secretaría Ejecutiva de la Política Publica creada al inicio de la pasada administración encabezada por Omar Fayad Meneses.
Durante la sesión plenaria, diputados como Julio Valera Piedras, Miguel Ángel Martínez Gómez y Jorge Hernández Araus aseguraron que el respaldo unánime de estas reformas representa la coordinación que se tiene entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sin embargo, se mantendrán vigilantes y demandantes para que el derecho de la ciudadanía a una buena gobernanza se garantice.
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Respecto a las adecuaciones al artículo 3 de la Constitución Política local, se establece que todas las personas tienen el derecho a una buena administración pública y a sus derechos derivados, que consiste en recibir un trato imparcial, objetivo y justo en el despacho de sus asuntos de carácter público.
Los cuales deberán ser resueltos oportunamente y conforme a los principios de eficacia, eficiencia, honestidad, honradez, austeridad, racionalidad, ética, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, inclusión, igualdad y equidad.
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