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Miguel Ángel Moreno Zamora

Miguel Ángel Moreno Zamora propuso reformar la ley para garantizar que la documentación de una administración siga disponible después de la entrega-recepción.

Diputado propone que la información de entrega-recepción se mantenga disponible

Diputados de Hidalgo propusieron reformar la ley para garantizar que la documentación de una administración siga disponible después de la entrega-recepción.

Socorro Ávila
Septiembre 23, 2026

El diputado local Miguel Ángel Moreno Zamora, propuso al Congreso del Estado modificar la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos para asegurar que una vez concluido el proceso entre la administración saliente y entrante, la información se conserve y mantenga siempre disponible para atender cualquier requerimiento que pueda surgir posteriormente.

El legislador reconoció que el marco normativo actual establece de manera clara el proceso que deben seguir tanto los Ayuntamientos como el Estado para garantizar una transición apegada a derecho.

No obstante, aunque se reconoce la obligación de custodia durante este periodo, no especifica la responsabilidad de conservar disponible la documentación para atender los requerimientos formulados por las autoridades competentes como órganos internos de control y órganos fiscalizadores.

Esto puede generar que los servidores públicos entrantes, a pesar de contar con la información, no la presenten cuando les es requerida por otras autoridades, “de hecho, en algunas áreas de las nuevas administraciones llamaron al servidor público que había dejado el cargo para que fuera este quien buscara en los archivos”, comentó.

Sin embargo, en la mayoría de los casos los exfuncionarios ya no se presentaban, no se proporcionaba la información y documentación, ocasionando observaciones que culminaban con procedimientos de responsabilidad.

El diputado señaló que la información recibida durante los procesos de entrega-recepción debe permanecer debidamente conservada y disponible para las autoridades encargadas de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

“La pérdida, destrucción, alteración, ocultamiento o falta de disponibilidad de la documentación pública puede afectar no sólo las facultades fiscalizadoras del Estado, sino también la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, e inclusive la defensa de las personas sujetas a procedimientos de responsabilidad”, concluyó.

crs

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