La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que suspende derechos para ocupar cargo público o de elección popular a violentadores. Fue por mayoría y remitido al Senado de la República.
La semana pasada se aprobó algo que ya se esperaba y que había sido muy discutido entre las diferentes fracciones parlamentarias. Fueron 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones. Se trata de la reforma y adición a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, que se refieren a la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Por twitter, las diputadas principalmente destacaron que se “suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Pero lo que más se ha destacado es que también, por que la persona sea declarada como deudora alimentaria morosa. Así, ”la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Fue la diputada Lidia García Anaya, de Morena, quien observó que desde el año 2021, la iniciativa conocida como “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año. Para la sesión reciente se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.
Por su parte, la diputada Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, expuso que se trata de evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado. “No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”.
A su vez, la diputada Nayeli Fernández, del PVEM, señaló que las reformas otorgarán certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con las agresiones en contra de las mujeres. Subrayó que “Una de las más graves es la que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayores dificultades reales para allegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer sus necesidades básicas”.
De Hidalgo, la diputada Carolina Viggiano, del PRI, resaltó que la reforma “es testimonio del activismo de las mujeres; es una herramienta constitucional que blinda los valores y da legitimidad a las instituciones democráticas. “Hoy se garantiza que ningún agresor, acosador o deudor de pensión alimentaria pueda acceder a una posición pública; nadie con esa condición puede tomar decisiones sin un compromiso ético y los valores que deba defender”.
Lo cierto es que… es justo y necesario que las personas que incumplen con los derechos alimentarios a sus hijas e hijos, dejen y no se alisten más en ningún servicio público, e incluso privado, es decir, que vayan perdiendo sus derechos.
Twitter@AidaSuarezCh
