Inician primeras denuncias contra exalcaldes; habría más por bonos a cabildo

El secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, afirmó que hasta el momento dos de las administraciones que iniciaron funciones el pasado 5 de septiembre, interpusieron una denuncia cada una contra su antecesor por las irregularidades detectadas en algunas obras heredadas y ejecutadas en 2023 y años anteriores.

Aunque aún no se concluyen los 84 procesos de entrega-recepción, el funcionario aseveró que dichas querellas ingresadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), no corresponden a los municipios involucrados en la Estafa Siniestra, aunque tampoco quiso adelantar nombres.

Sin embargo, vaticinó que podrían darse más, ya que son más de 2 mil obras que presentan irregularidades que no fueron atendidas en su momento.

“Todavía no se formalizan las actas de entrega-recepción que hacen con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), lo vamos a ver esta semana que terminen las firmas y seguramente en un par de semanas más van a ver varias denuncias más por el tema de las obras que les están heredando. Creo que van a proceder las denuncias”, comentó.

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Número de denuncias aumentaría

Asimismo, agregó que podrían darse una o dos denuncias más derivado de que el presidente municipal, síndicos y regidores se aprobaron bonos al cierre de su administración, a pesar de que se les informó que era ilegal hacerlo.

“No son mucho los montos económicos como tradicionalmente se daba; anteriormente si había 10 millones de pesos en la cuenta, lo repartían en bonos, hoy no fue así, en los dos casos son bonos de 150 mil pesos más o menos, pero es ilegal, cualquier cantidad que no esté presupuestado y sea entregada a un servidor público caen en la ilegalidad”, precisó.

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Por otra parte, respecto a que algunos Cabildos están autorizando que los presidentes municipales firmen contratos sin autorización de los asambleístas, Bardales Ramírez hizo hincapié en que eso no está apegado a la Ley Orgánica Municipal, por lo que conminó a los asambleístas inconformes a denunciar la ilegalidad de esa situación ante las instancias correspondientes.

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