Delitos electorales en Hidalgo: aumentan en primer bimestre de 2024
Los municipios con más casos fueron Mineral de la Reforma, con cuatro; Pachuca, con tres casos; y Tepeapulco, con dos
En el primer bimestre del año, en Hidalgo han sido interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 20 denuncias por delitos electorales, lo que representa un incremento en comparación con los últimos años.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad fueron integradas nueve carpetas de investigación por dicho ilícito, mientras que en febrero 11.
El año pasado, en el periodo de referencia, fueron registradas seis incidencias; el 2022 con 10; en el 2021 sumaron seis (proceso electoral para la gubernatura) y en 2020 solo uno (renovación de los 84 ayuntamientos).
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Delitos electorales en Hidalgo
En el primer bimestre de 2024, los municipios con más casos fueron Mineral de la Reforma, con cuatro; Pachuca, con tres casos; y Tepeapulco, con dos.
Aunque también se tienen identificados expedientes en Actopan, Apan, Atotonilco de Tula, Eloxochitlán, Epazoyucan, Huichapan, Ixmiquilpan, San Salvador, Tecozautla, Tenango de Doria y Tula de Allende con uno cada uno.
La semana pasada, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que ingresaría al menos cuatro denuncias por diversos delitos electorales y violencia política en razón de género durante el actual proceso electoral.
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Respecto al primero, fue denunciado el candidato de Morena al Senado, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, toda vez que en un video se observa a una persona, portando una gorra guinda con siglas de Morena, escribiendo en hojas datos personales de vecinos de Pachuca con el fin de “incorporarlos” a alguno de los programas sociales del gobierno federal.
Según la servidora pública, el morenista realizó gestiones para que más personas fueran beneficiadas con alguna de las becas o pensiones; esto, en medio del periodo de campaña en donde la veda electoral prohíbe que se usen o condicionen los programas sociales a favor de algún aspirante a un cargo de elección popular.
