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El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP),en Hidalgo realiza un censo en los Centros de Reinserción Social (Ceresos), de la entidad para identificar a personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad y promover acciones legales que les permitan acceder a beneficios como el cambio de medida cautelar o de cumplimiento de la pena, informó el delegado del organismo, Alberto Islas Lara.
El funcionario explicó que personal de la Defensoría recorre los distintos penales del estado para detectar casos de personas con enfermedades graves, madres cuidadoras, integrantes de pueblos indígenas y otros internos en situación de vulnerabilidad que podrían beneficiarse con juicios de amparo u otros recursos legales.
“Estamos buscando gente vulnerable. Son todos los que tienen alguna enfermedad difícil, porque el estar recluidos y no tener una atención adecuada dificulta más su enfermedad. Estamos tratando de buscar la forma de liberarlos”, señaló.
Como parte de estas acciones, recientemente se realizaron entrevistas y revisiones en el Cereso de Jacala para integrar el censo, por lo que Islas Lara adelantó que próximamente se darán a conocer las cifras concretas sobre el número de personas identificadas.
Entre los casos detectados destacan mujeres privadas de la libertad con cáncer de mama, quienes requieren atención médica especializada, así como madres cuidadoras con hijos y población indígena, para quienes se analiza la posibilidad de modificar la modalidad de internamiento conforme a la legislación vigente.
En otro tema, el delegado informó que durante lo que va de 2026 el Instituto Federal de Defensoría Pública ha atendido más de mil asuntos en Hidalgo, siendo la materia laboral la de mayor demanda por casos de despidos injustificados, solicitudes de reinstalación, conflictos por pensiones y recuperación de afores.
Además, el organismo ofrece asesoría jurídica gratuita en materias penal, administrativa, laboral y migratoria, así como la promoción de juicios de amparo cuando alguna persona enfrenta la negativa de medicamentos o atención médica por parte de instituciones de salud.
En materia penal, recordó que la Defensoría Pública Federal tiene la obligación de brindar asistencia inmediata a las personas detenidas por delitos federales que no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
Asimismo, indicó que el IFDP dispone de abogados especializados en adolescencia y de un protocolo para la representación legal de niñas, niños y adolescentes en asuntos de competencia federal. No obstante, señaló que esperarán la instalación formal de todas las procuradurías municipales para coordinar el trabajo con el personal que encabezará estos organismos.
“Es una obligación de nosotros proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes porque son gente vulnerable y nosotros atendemos a toda la gente vulnerable”, afirmó.
Finalmente, Islas Lara destacó que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinda atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. En Hidalgo cuenta con oficinas en Pachuca, Tula y Tulancingo, además de la Casa Intercultural de Huejutla, la primera de su tipo en el país, donde labora un abogado especializado que habla la variante lingüística de la región para brindar atención a la población indígena.
Añadió que la sede de Pachuca está integrada por alrededor de 40 personas y aseguró que, pese a la carga de trabajo, el personal actual es suficiente para atender los asuntos de competencia federal que llegan al instituto.
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