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Debates legislativos: cohabitación forzada y embarazo adolescente

La semana pasada se presentaron dos iniciativas que ponen al centro el debate de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

Marzo 11, 2026

La semana pasada se presentaron dos iniciativas que ponen al centro el debate de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

Dos diputadas del PAN presentaron la iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo delito: “cohabitación forzada”, con el fin de sancionar hasta con 15 años de cárcel a las personas que obliguen, presionen o induzcan a menores de edad, o a quienes no cuenten con la capacidad de comprender el hecho, a tener uniones de hecho o informales equiparables al matrimonio.

Esta propuesta es el resultado de la fallida estrategia de criminalización del matrimonio infantil y adolescente; pues si bien hoy una persona adulta no puede casarse legalmente con una niña, niño o adolescente, esta práctica continúa en nuestra sociedad mediante las uniones de hecho. El problema del tipo penal es que, de nuevo, es una medida que no garantiza en absoluto la prevención ni la no repetición. Cuando ocurre una unión de hecho entre un menor y un adulto, hay toda una comunidad o sociedad que la ha validado y normalizado. No es solo responsabilidad de la familia nuclear y la persona agresora, sino de todo un sistema que día a día acepta esta conducta.

Por ello, el tipo penal no va a garantizar que este tipo de violencia desaparezca, sino que provocará que se vuelva cada vez más clandestina, lo que impide identificar las relaciones que están ocurriendo. ¿Se va a meter a la cárcel a todo un pueblo o a todo un barrio? ¿Cuándo vamos a trabajar en las comunidades? Y no me refiero solo a las indígenas o rurales, sino a nuestras colonias y barrios, porque ahí también están sucediendo. ¿Qué opciones se van a dar más allá de otro tipo penal? ¿Cómo regresa una niña, niño o adolescente a su comunidad después de un hecho así? Estas son preguntas que, claramente, las diputadas no se han hecho.

Por otro lado, una diputada del PRI presentó una iniciativa para reconocer en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que todo embarazo infantil es producto de la violencia sexual. El problema es que, desde su visión, la edad máxima para considerar que un embarazo es infantil es hasta los 15 años. Resulta muy compleja esta postura, pues desde los movimientos de derechos humanos se están dando debates importantes para reconocer la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes; es clave poder diferenciar y reconocer estas etapas de la vida.

Existen precedentes como la NOM-046, que actualmente establece que a partir de los 12 años las adolescentes pueden solicitar un aborto por violación sin compañía de sus padres. Lo menciono porque creo que es correcto empezar a considerar como adolescentes a las personas de 12 años en adelante, y que la niñez abarque hasta los 11 años y 11 meses de edad. En ese sentido, estoy de acuerdo en que se considere al embarazo infantil como producto de la violencia sexual.

A los 12 años, creo que es importante empezar a preguntar a las adolescencias si el embarazo es producto o no de la violencia. La NOM-007 establece que todo equipo de salud debe entrevistar a todas las personas embarazadas para descartar violencia; entiendo que antes de los 18 años esta obligación es aún más reforzada, pero es importante no negar que también podrían ser producto del ejercicio de la sexualidad. No obstante, sí creo fundamental señalar que cualquier embarazo infantil o adolescente es de alto riesgo para la vida. Son dos cosas distintas: criminalizar a las adolescencias no va a solucionar el problema.