¡Debate en curso! La venta de comida chatarra en las escuelas podría cambiar pronto
Nuevas medidas para restringir la venta de comida chatarra en escuelas: aún no entran en vigor
El gobierno federal ha presentado un anteproyecto que busca prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico, azúcar y grasa en todos los niveles educativos del país, desde preescolar hasta universidades.
Aunque estas medidas aún no han entrado en vigor, están en proceso de revisión y consulta pública, lo que ha generado diversas reacciones entre proveedores y comerciantes.
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Restricciones propuestas para la venta de alimentos en escuelas
El anteproyecto establece que, una vez aprobado, alimentos como:
- Chilaquiles
- Quesadillas
- Tacos
- Frituras
- Galletas
- Dulces
- Bebidas azucaradas
Estarán prohibidos en las escuelas si tienen sellos de advertencia por exceso de calorías, azúcar o grasa. También se verán afectados productos como pizzas, hamburguesas y otros alimentos procesados.
Estas medidas tienen el objetivo de fomentar una alimentación más saludable en los estudiantes y reducir el consumo de productos que pueden afectar su bienestar a largo plazo.
Alternativas saludables para los menús escolares
La propuesta también incluye opciones más saludables que podrán venderse en las escuelas, como frutas, verduras, leche descremada, cereales integrales sin azúcar y leguminosas. Además, los alimentos y bebidas no podrán prepararse con sal o azúcar añadida, lo que implica un cambio significativo en los menús escolares.
Proveedores y comerciantes expresan preocupaciones
Las organizaciones de comerciantes y proveedores han manifestado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en sus ingresos, debido a la prohibición de vender productos populares en las escuelas. También han cuestionado el proceso de consulta pública, que fue reducido a un solo día, lo que consideran insuficiente para expresar sus opiniones y proponer ajustes.
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El gobierno federal ha asegurado que, en caso de aprobarse, las escuelas tendrán un plazo de 180 días para adaptarse a las nuevas normas. Sin embargo, el debate continúa, y no se espera que la regulación entre en vigor hasta que se complete el proceso de revisión.
MHO
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