La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso el tema en la escena nacional y fue más allá al proponer en su plan B de reforma electoral, recortes en el gasto a los Congresos locales y en la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, para ahorrar unos cuatro mil millones de pesos, que se repartirán en estados y municipios, para obras de beneficio común.
Y citó ejemplos de la disparidad en el ingreso de los legisladores locales entre unas y otras entidades, por lo que en su propuesta re reforma electoral, plantea que los congresos locales, no podrán recibir más del 0.70 del presupuesto estatal.
En Hidalgo, el reportero de la revista Proceso, Axel Chávez, difundió una nota en la que dice que cada diputado en Hidalgo cuesta alrededor de 11 millones de pesos anuales. Y no fue un morenista, sino un priista el que negó la especie y dijo que cada diputado local percibe un ingreso que no supera los 45 mil pesos, más un apoyo para gestión de 50 mil pesos al mes.
Realmente la tarea de un legislador no es la de hacer gestiones, ni promover obras, esa es tarea del ejecutivo, pero se ha vuelto costumbre que, desde campaña, los candidatos a un cargo de elección popular, en este caso, un diputado federal o local, promete obras, apoyos, gestiones y ya en funciones recibe dinero para tal propósito.
Por eso, es que un diputado nos cueste tanto a los mexicanos. En México un diputado local en promedio nos cuesta 16 millones de pesos.
En Baja California, donde hay 25 legisladores, cada uno cuesta 34 millones 867 mil 503 pesos; en Morelos, 31 millones 865 mil 600 pesos; en Michoacán, 30 millones 227 mil 857 pesos; en la Ciudad de México, 28 millones 580 mil 417 pesos; en Jalisco, 26 millones 737 mil 125 pesos.
Los congresos más baratos son: Colima, donde un diputado cuesta 5 millones 170 mil pesos; Campeche, 6 millones 129 mil 955; Yucatán, 6 millones 269 mil 855 pesos; Puebla, 7 millones 652 mil 971 pesos; y, Chiapas, 8 millones 570 mil 175 pesos.
La diferencia en cada congreso depende no solo del número de diputados, sino del presupuesto total que cada estado asigna a su poder legislativo, que incluye, además de los ingresos de los diputados, sueldos, asesores, personal administrativo, servicios, operación y apoyo parlamentario.
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