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Cuando las instituciones deben responder

Jorge González Correa

Cuando las instituciones deben responder

SIN PROTOCOLO

Jorge G. Correa
Octubre 28, 2025

Las lluvias que golpearon Hidalgo dejaron algo más que daños materiales: abrieron una discusión urgente sobre la protección civil en el estado. Mientras brigadas y maquinaria tratan de restablecer caminos, hay otra tarea pendiente: revisar cómo funcionan las instituciones encargadas de prevenir y responder ante los desastres.

La protección civil no es un acto de buena voluntad; es una obligación legal. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo señala que la Secretaría de Gobierno debe dirigir y ejecutar las políticas en la materia. Bajo su mando opera la Subsecretaría de Protección Civil, responsable de coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación. La idea es simple: tener una cabeza que planifique, no improvisar.

Sin embargo, los desastres recientes exhibieron grietas profundas. Una de ellas está en los atlas de riesgo: herramientas que indican dónde puede ocurrir una tragedia y qué tan grave podría ser. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 57 municipios hidalguenses cuentan con atlas, es decir, el 68 %. Casi uno de cada tres sigue sin este instrumento básico, y de los que sí lo tienen, se desconoce cuántos están actualizados.

El rezago no es menor. La ley obliga a cada municipio a elaborar su atlas en los primeros 150 días de gobierno y actualizarlo cada dos años. En los últimos tres años hubo avances: en 2022 se hicieron dos, en 2023 fueron nueve, y en 2024 se realizaron 26; este año suman 12. Es progreso, pero también evidencia de que durante mucho tiempo el tema no fue prioridad.

El verdadero problema aparece cuando, aun con mapas y planes, las coordinaciones municipales carecen de personal capacitado, equipos de comunicación, vehículos o presupuesto. En muchos casos son oficinas sin estructura real. Y cuando llega la emergencia, la respuesta es improvisada.

El Índice de Gestión de Riesgos de Desastre coloca a Hidalgo con 31.7 puntos, en categoría “incipiente”, por debajo del promedio nacional. Significa que falta capacidad técnica y coordinación entre niveles de gobierno. No es solo un asunto de recursos: es de voluntad institucional.

Cada municipio debe tener una coordinación operativa, con personal certificado y recursos mínimos. El estado puede ofrecer asistencia técnica e incluso cubrir hasta la mitad del costo de un atlas, pero si el municipio no invierte ni prioriza, el sistema se rompe.

¿Qué hacer? Primero, dotar a la Secretaría de Gobierno y a la Subsecretaría de Protección Civil de recursos humanos y materiales suficientes para cumplir sus funciones y supervisar la calidad de los atlas. Segundo, que los municipios asuman la prevención como inversión, no gasto, destinando presupuesto a capacitación, equipamiento y simulacros. Tercero, establecer un sistema obligatorio de profesionalización para el personal encargado. Y cuarto, garantizar transparencia y rendición de cuentas: que la ciudadanía sepa qué se hace, con qué recursos y con qué resultados.

Las lluvias de octubre deben dejar más que pérdidas: deben dejar aprendizaje. Los desastres no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí se pueden reducir si hay preparación y capacidad institucional. La ley ya dice quién debe hacer qué. Lo que falta es que todos cumplan.

Porque la próxima tormenta no va a esperar.

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acf

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