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El Faro
Recientemente el gobierno de Hidalgo dio a conocer que construirá un nuevo edificio para oficinas gubernamentales, para lo cual ejercerá un presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos. El argumento es que, además de tener un mejor espacio para atender a la población, el ejecutivo ahorrará en el pago de rentas para oficinas.
El gobernador Julio Menchaca declaró en febrero que su administración paga de manera anual 100 millones de pesos para rentar oficinas, lo cual, además de ser una sangría al erario, servía para mantener negocios de exfuncionarios que construían esos espacios bajo la premisa de que les sacarían jugo al posteriormente arrendarlos al gobierno. Un negocio seguro, capitalismo de cuates.
La decisión de levantar un nuevo edificio cayó por sorpresa. No fue una bandera de campaña del gobernador ni tampoco es un proyecto del cual se haya hablado con antelación. Tan fue así, que el Congreso local tuvo que modificar el Presupuesto de Egresos 2025, pues la construcción del denominado Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP) no figuraba cuando se programó el gasto del año en curso.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Miguel Ángel Moreno, defendió la iniciativa que presentó el gobernador e incluso dio datos para justificar el plan de construir nuevas oficinas.
El morenista sostuvo que, además del gasto anual en rentas por 85 millones anuales (cifra menor a la que reveló el gobernador), el ejecutivo estatal gasta 85 millones para electricidad; 14 millones para servicio de agua, ocho millones para internet; ¡45 millones! para vigilancia; y 32 millones para “servicios y mantenimiento menores”. La lista, según reveló el legislador local, arroja un gasto anual aproximado de 269 millones de pesos.
Si el nuevo edificio costará 2 mil 900 millones de pesos, entonces el inmueble se pagaría solo al ahorrar el equivalente a 11 años de renta y operación de edificios que pertenecen a privados.
En un análisis simple, parece una sabia decisión financiera que dejará dividendos para Hidalgo en el largo plazo, pues el gobierno cambiará un gasto fijo de operación por un activo fijo, además de que al usuario le será más fácil ir a un edificio donde hay varias dependencias, en lugar de andar buscando en diferentes colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma.
La sorpresiva decisión provocó polémica porque se tiene la idea de que el gobierno no debe gastar en oficinas propias sino en obras para la ciudadanía. Pero se pierde de vista que al final el gobierno es un instrumento que sirve para la gente.
En una democracia, la burocracia no es simplemente un aparato administrativo. Es la estructura que hace posible la aplicación de las decisiones de gobierno.
El tener una estructura para la administración pública hace que los servicios esenciales, como salud, educación, seguridad o justicia operen de manera estable. Y esto pasa por tener un espacio físico para hacerlo. Tener oficinas que, además de ser un negocio, se encuentran en lugares de difícil acceso o en malas condiciones al final perjudica al usuario del servicio público.
Cuando hoy se piensa en oficinas gubernamentales, viene a la mente la imagen de edificios viejos, escritorios y sillas desvencijadas, donde siempre huele a comida. ¿Por qué no aspirar a que los servicios públicos se den en un espacio digno y funcional?
Será menester vigilar que la obra que empezará el próximo 30 de mayo se ejecute bien, que el nuevo edificio sea funcional y esté bien ubicado. Que sea una obra que perdure en el tiempo. Y, sobre todo, evitar que futuros gobiernos vuelvan al esquema de beneficiar a los amigos con el negocio de la renta de oficinas.
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