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La Contraloría estatal inhabilitó a cuatro exfuncionarios del gobierno anterior por su responsabilidad en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, institución hoy en proceso de liquidación judicial y que mantiene atrapados más de 863 millones de pesos de recursos públicos.
De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, los exservidores públicos inhabilitados son Jessica Blancas, exsecretaria de Finanzas; César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos; Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos; e Ignacio Valdez Benítez, extitular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.
Las resoluciones administrativas establecen que la contratación de Banco Accendo provocó un perjuicio directo a la hacienda pública estatal, debido a que actualmente no es posible disponer de aproximadamente 863 millones de pesos, los cuales permanecen sujetos al proceso de liquidación del banco tras la revocación de su autorización para operar.
La investigación reveló que, pese a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había emitido alertas y medidas correctivas por la delicada situación financiera de la institución bancaria, los funcionarios involucrados omitieron actuar para retirar oportunamente los recursos públicos, dejándolos expuestos a un riesgo que hoy impide su recuperación inmediata.
La Contraloría precisó que la sanción de inhabilitación no extingue otras posibles responsabilidades. Los exfuncionarios podrían enfrentar consecuencias administrativas, civiles o incluso penales, una vez que concluya el procedimiento de liquidación y se determine si los activos del banco son suficientes para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno del Estado.
El proceso judicial de liquidación de Banco Accendo continúa ante las autoridades competentes y el destino final de los recursos públicos se definirá conforme a la legislación financiera vigente.
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Mientras tanto, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos financieros heredados de la pasada administración, con cientos de millones de pesos del erario aún en el limbo y con cuatro ex altos funcionarios ya sancionados por su participación en la operación que hoy tiene bajo investigación a la ex estructura financiera del gobierno estatal.
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