Consejeros advierten: asignación de regidurías implicaría reelección
Las consejerías del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), manifestaron su inconformidad respecto a la sentencia del órgano jurisdiccional local, quien determinó que tres excandidatos a presidencias municipales, que actualmente fungen como regidores, deben ser considerados en la asignación de regidurías de representación proporcional, pues no hacerlo violentaría sus derechos político-electorales.
En sesión del pleno, se dio lectura a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), en la que se ordenó entregar constancia de representación proporcional a Cándido Zapotitla Quiroz, José Francisco Hernández Hernández e Ingrid Gloria Coronel, de los municipios de Acaxochitlán, Tepeapulco y Emiliano Zapata, respectivamente.
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El IEEH consideró que dichas personas eran inelegibles, toda vez que, si bien en el proceso electoral buscaron un cargo para alcaldes, al no ser favorecidos con el voto ciudadano no podían ser considerados para la asignación de regidurías, pues se estaría cayendo en una reelección, ya que volverían a ostentar el cargo de regidores que actualmente detentan.
En ese sentido, el consejero Guillermo Corrales puntualizó que los excandidatos a presidentes municipales conocían del método para la asignación de dichos cargos de representación proporcional en caso de no ganar la elección y evitar una reelección.
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Consideró que la resolución del TEEH podría abrir la puerta para que en futuras ocasiones regidores que se encuentren en el cargo, busquen una candidatura a la presidencia para poder continuar en la nómina del ayuntamiento en caso de no ganar.
Razonamiento que fue compartido por sus pares, quienes hicieron hincapié en que dicho acto se trata de una reelección; sin embargo, debe acatarse la resolución del TEEH.
Representantes de partidos políticos también manifestaron su desacuerdo. En el caso de Rafael Sánchez Hernández, representante del PAN, dijo que hay una incongruencia grave en lo que se está dando y sorprende que la resolución sea contraria a la Constitución, pues viola los propios criterios de los tribunales.
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