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Congreso va por comparecencias obligatorias de secretarios

Legisladores locales pretenden eliminar la posibilidad de que los servidores públicos evadan enfrentar los cuestionamientos directos de los diputados mediante un ejercicio de comparecencia legislativa, tal como ocurrió recientemente con la extitular de la Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blancas, antes de concluir su periodo. Los diputados del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa de […]

Socorro Ávila
Octubre 11, 2022

Legisladores locales pretenden eliminar la posibilidad de que los servidores públicos evadan enfrentar los cuestionamientos directos de los diputados mediante un ejercicio de comparecencia legislativa, tal como ocurrió recientemente con la extitular de la Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blancas, antes de concluir su periodo.

Los diputados del Partido del Trabajo presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo la cual establece que los titulares de las dependencias, entidad pública, así como ayuntamientos están obligados a comparecer el día, lugar y hora que se señale.

No obstante, para evitar que los responsables eludan su responsabilidad enviando a un representante o un documento, como lo hizo la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, ante el cuestionamiento de los 800 millones de pesos depositados al banco Accendo, los diputados proponen adicionar que este ejercicio deberá hacerse de manera personal.

Asimismo, no podrán delegar su obligación con algún subordinado o de ninguna otra persona o nombrar apoderado legal que lo represente; además deberán proporcionar la información que le sea solicitada en el término señalado.

Para el caso en que no se especifique una temporalidad, contarán con un plazo máximo de diez días hábiles y su omisión será calificada como falta grave y serán sujetos de un procedimiento en materia de responsabilidades de servidores públicos.

Con esta propuesta, pretenden maximizar la protección del derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas, es decir, a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

Implica también garantizar el cumplimiento de la obligación de los organismos públicos para responder por el inadecuado cumplimiento de sus funciones.

El pasado 1 de septiembre, la exsecretaria de Finanzas, envió un escrito al Congreso local para informar las acciones legales que se llevan a cabo para recuperar el recurso depositado en el banco en quiebra, con ello, evitó responder los cuestionamientos de los legisladores.

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