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Mediante la figura de un comisario y un órgano interno de control, el Congreso del Estado pretende que se dé una mayor vigilancia de los recursos públicos de los organismos operadores de agua municipales, los cuales son más susceptibles a recibir observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado.
Las reformas aprobadas a la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado establecen que el comisario tendrá la facultad de vigilar y evaluar en materia operacional, administrativa y legal el actuar del organismo operador, así como vigilar el cumplimiento de los objetivos, programas, proyectos y metas institucionales.
Además, podrá evaluar el manejo de los ingresos y egresos, solicitar la información que considere necesaria para el desempeño de sus funciones, y asegurar que los acuerdos que tomen sean en apego a la normatividad aplicable, y en caso de incumplimiento, dar vista a las autoridades competentes.
En tanto que la figura del Órgano Interno de Control del organismo operador del agua tendrá por objetivo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones normativas, promoviendo la productividad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos, a través de la implementación de sistemas de control interno adecuado.
El ayuntamiento deberá garantizar que estos contralores cuenten con la estructura orgánica para cumplir las funciones de autoridad investigadora, substanciadora y resolutora.
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Entre sus facultades destaca la vigilancia en el cumplimiento de las políticas, programas, la inspección del ejercicio del gasto público, promover la participación de la sociedad, a través de la figura de contraloría social, en los procesos de vigilancia y evaluación de los programas y acciones del Organismo Operador Municipal.
Además de aplicar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría previa consulta con la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal, entre otras.
Una vez se publiquen las reformas en el Periódico Oficial del Estado, los organismos operadores de agua tendrán 90 días para emitir la convocatoria para la elección de su contralor.
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