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El Congreso del Estado de Hidalgo informó que no asume responsabilidad alguna sobre el uso, destino o comprobación de recursos públicos ejercidos por la diputada local con licencia María Guadalupe Cruz Montaño, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), particularmente aquellos asignados para gestión social.
Recursos entregados, pero bajo responsabilidad individual
De acuerdo con el posicionamiento oficial, los recursos fueron otorgados conforme a los marcos legales y presupuestales vigentes, con el objetivo de atender necesidades sociales y apoyar el trabajo legislativo. Sin embargo, el Poder Legislativo precisó que la ejecución, aplicación y comprobación de dichos fondos recae de manera directa en cada legislador.
Normas claras y obligación de comprobar el gasto
El Congreso recordó que existe un manual específico que regula el ejercicio del gasto correspondiente al desarrollo parlamentario, el cual establece plazos, requisitos y disposiciones administrativas que deben cumplirse para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, se enfatizó que el Congreso no avala ni respalda acciones u omisiones que se encuentren fuera del marco legal.
Contraloría inicia indagatorias reservadas
Como parte de los mecanismos de control interno, la Contraloría del Poder Legislativo inició una investigación para esclarecer posibles irregularidades administrativas, entre ellas un eventual mal manejo de recursos públicos o la presunta falsificación de documentos.
Las autoridades legislativas subrayaron que, conforme a la ley, esta etapa de investigación es de carácter reservado, por lo que no se pueden difundir detalles ni avances para no afectar el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia.
Compromiso con la fiscalización y la rendición de cuentas
El Congreso del Estado reiteró su compromiso con la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos, además de asegurar que continuará fortaleciendo los mecanismos de supervisión y fiscalización interna para evitar irregularidades y garantizar que el gasto público beneficie a la ciudadanía.
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