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¿El periodismo es un ejercicio de alto riesgo? Sí. ¿Quiénes lo ejercen saben del peligro que corren al realizarlo a plenitud? Sí.
Entonces, de ahí colegimos que con leyes o sin ellas, quien desempeña esta noble tarea, sabe que, al realizarla, corre riesgos, especialmente cuando toca fibras sensibles de las personas a las que somete al escrutinio social.
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Aclaremos: periodismo no es lo mismo que propaganda. Por tanto, enaltecer la labor de un funcionario o figura pública cuando cumple con las tareas para las que se alquiló, no es periodismo, eso es propaganda.
EL periodismo, según se entiende desde este espacio, es hurgar, colocar en los espacios públicos, someterlos al juicio ciudadano, a aquellos personajes que, en el ejercicio de su labor, realizar tareas fuera de la ley, aprovechan sus encargos para enriquecerse, para cometer delitos al amparo del poder, con la idea de que la impunidad es su aliada.
Y es ahí precisamente, donde está el riesgo de quienes ejercen el periodismo a plenitud y por eso son acosados, agredidos y en varios casos hasta asesinados, por revelar anomalías que cometen escudados en el poder que la ciudadanía les otorgó con su voto de confianza, a los representantes populares, o con la confianza del gobernante, a sus colaboradores.
Ejemplos, tenemos muchos y cada día se exhibe al menos un caso de un personaje que de la noche a la mañana se ha enriquecido estúpidamente, sin comprobar la forma en que logró su riqueza.
De ahí que, con una ley aprobada por los legisladores, impulsada por el poder ejecutivo, no sería necesaria si las autoridades actuaran en apego a la ley, para respetar y proteger la labor de los periodistas en todo el mundo.
Leyes hay, que las cumplan es otra cosa, y el comentario viene a cuento porque de nueva cuenta la Ley de Protección a los Derechos de los Periodistas, impulsada por los legisladores, en este caso concreto por la diputada morenista Tania Meza Escorza, fue frenada cuando apenas iba a entrar a discusión.
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Un grupo de comunicadores emitieron un documento en el que manifiestan su rechazo a la iniciativa por considerar que, en palabras simpes y llanas, pretende controlar al amparo de la ley la libertad de prensa.
Por ejemplo, en el consejo respectivo, deberá estar el encargado de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, elaborará un padrón de periodistas. Sin son sus huestes las que más abusos cometen contra los periodistas, cómo quieren ser ahora quienes, al amparo de una ley, los sometan. Imposible.
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