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La declaración de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos emitida por el presidente Donald Trump implicará una presión económica sobre el gobierno de México, además de que habrá implicaciones sociales por el resurgimiento del programa Quédate en México. Por otra parte, el aumento de comunidades migrantes en su paso por territorio nacional podría ser aprovechado por grupos del crimen organizado, advirtió Mario Cruz, doctor en ciencias en políticas y sociales, con Orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con La Jornada Hidalgo, el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), consideró que algunas de las políticas emprendidas por Donald Trump reflejan una estrategia geopolítica de largo alcance que podría redefinir la relación bilateral entre ambos países y afectar la soberanía nacional de México.
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-La Jornada Hidalgo: Una vez que Trump cumplió su amenaza de declarar emergencia en la frontera sur, ¿qué impacto ves en la seguridad nacional? ¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos, tanto federal como estatales, para enfrentar esta crisis?
-Mario Cruz: Yo creo que esta declaratoria y la orden ejecutiva emitida por Donald Trump deben leerse en dos niveles. El primero tiene que ver con México y las implicaciones para los estados fronterizos, que son los directamente afectados.
Por un lado, pienso que habrá una presión significativa en términos de los recursos que se demandarán por parte de los migrantes que no logren ingresar a Estados Unidos. Esto implicará mayor demanda en albergues, servicios de salud, educación y otros rubros, lo cual representará un problema fiscal y económico para estos estados.
Además, ya se observa un aumento considerable de personas en los puntos de migración en México, lo que refuerza la necesidad de protocolos para apoyar a los migrantes. Este tema tiene varias implicaciones sociales, como la competencia laboral, problemas de convivencia y posibles choques culturales. Incluso, se habla de una crisis en derechos humanos, dado que el contexto de inseguridad en México ha derivado en la utilización de migrantes por parte del crimen organizado para actividades ilícitas como extorsión y sicariato.
El crimen organizado podría instrumentalizar la migración para solventar sus actividades delictivas, lo que agrava aún más la situación. Respecto al programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes a esperar en territorio mexicano mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos, genera una presión económica adicional. México no está preparado para atender estas demandas en el contexto actual de endeudamiento y presión fiscal.
-Llama la atención lo que mencionas sobre la utilización de migrantes por el crimen organizado. ¿De qué manera se ha visto esto anteriormente?
-Ya hemos visto casos concretos, como la masacre de San Fernando en 2010, donde migrantes fueron víctimas de grupos criminales. En el contexto actual, la fragmentación del crimen organizado ha llevado a una suerte de “outsourcing criminal”, donde los migrantes son reclutados por el mejor postor. Esto aumenta el riesgo de que las personas en tránsito sean explotadas o utilizadas con fines ilícitos.
Además, la presencia de grupos como el Tren de Aragua en México, particularmente en estados como Hidalgo, indica que muchos migrantes podrían buscar refugio bajo el protocolo “Quédate en México”, pero se ven expuestos a meses de espera sin acceso a recursos básicos como salud, trabajo o educación.
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-¿Qué implicaciones podría tener la declaratoria de los cárteles como grupos terroristas?
-Esta decisión tiene implicaciones profundas. Históricamente, México ha protegido su soberanía nacional frente a cualquier intervención extranjera. Sin embargo, la declaratoria de los cárteles como terroristas podría abrir la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional en México, ya sea mediante capacitación militar o participación indirecta a través de empresas transnacionales de seguridad.
Un ejemplo es la Iniciativa Mérida, que se planteó como un símil del Plan Colombia. Aunque en México no se concretó una intervención militar directa, la estrategia estadounidense sigue buscando formas de influir en la seguridad interna bajo el pretexto de combatir el terrorismo o el narcotráfico.
En términos internacionales, si México es señalado por albergar “grupos terroristas”, estará obligado a cumplir con compromisos multilaterales, lo que podría aumentar la presión interna y externa para actuar contra estos grupos.
-¿Ves factible la presencia de tropas estadounidenses en territorio mexicano?
-No lo considero probable, dado el nacionalismo que caracteriza a México y su historia de resistencia frente a la intervención extranjera. Sin embargo, es más probable que se recurra a estrategias de “poder blando”, como acuerdos tipo Iniciativa Mérida, o a la participación de empresas militares privadas para realizar operaciones específicas.
Ya hemos visto esto en otros contextos, como en Medio Oriente o en el Plan Colombia, donde empresas privadas sustituyen a los ejércitos regulares, evitando conflictos entre estados, pero cumpliendo los objetivos de las potencias involucradas.
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-¿Cómo afecta esta coyuntura a la política mexicana?
-Es preocupante que algunos sectores de la clase política mexicana, particularmente conservadores, vean con buenos ojos estas medidas, como la declaratoria de los cárteles como terroristas. Aunque puedan existir diferencias ideológicas, el interés nacional debería prevalecer por encima de posturas partidistas.
Además, este tipo de políticas refleja una estrategia geopolítica más amplia de Estados Unidos, que busca reafirmar su hegemonía en la región, utilizando discursos nacionalistas y medidas controversiales que polarizan tanto a las sociedades locales como a los gobiernos extranjeros.
MHO