Cisma parlamentario o independencia legislativa
Desde lo regional
Seis trances registra en su historia el Congreso del estado de Hidalgo: durante el movimiento revolucionario la disolución de la XXIII legislatura decretada por el gobernador Nicolás Flores, en cumplimiento del Plan de Guadalupe, rompió el orden constitucional.
En la misma época, la negativa del propio gobernador Flores a promulgar la Constitución aprobada por el Congreso constitucional y constituyente de 1917-1918, sometida a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la votación del Pleno se empató.
La desaparición de Poderes decretada por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en 1975, epílogo del enfrentamiento iniciado por el gobernador Manuel Sánchez Vite con el presidente Luis Echeverría, por la cual la XLVIII legislatura fue de efímera existencia.
Una escisión de la clase política por la sucesión del Ejecutivo en 1999, generó al interior de la LVII legislatura un grupo disidente de la mayoría, representante del Frente Democrático Hidalguense; habiéndose declarado independientes 5 diputados obligó a nuevos equilibrios de orden político-parlamentario, sin impacto legislativo.
Resultado de la elección de 2018, surgió la legislatura de oposición mayoritaria y con ello el primer gobierno dividido en la historia de la entidad. La composición de esa mayoría, y la euforia del triunfo, propiciaron un preámbulo atropellado y desgastante; el punto culminante, una vez instalada, fue la delirante petición al Senado de la República de declarar desaparecidos los poderes del estado.
La intensidad del cambio se diluyó en la falta de una agenda disruptiva para modificar el estado de cosas desde el Legislativo.
En medio de lo narrado hay anécdotas significativas en la historia de la diputación. Una,”el domingazo”: la escueta respuesta del diputado presidente Domingo Franco Sánchez, al último informe del gobernador Quintín Rueda Villagrán.
Además de romper protocolos de la práctica parlamentaria entre poderes, la solitaria frase “lo recibimos y revisaremos con detenimiento”, del representante de Huejutla, fue epitafio de una etapa política, aviso indubitable de la fuerza con la cual iniciaba y se desarrollaría la de 1957-1969.
Como en toda la república, Hidalgo vive desmantelamientos y reacomodos políticos, atizados ahora por la inminente sucesión presidencial. La renuncia a su partido de la totalidad del principal grupo parlamentario opositor, es signo de estos tiempos. Por sus características no tiene precedente. Falta ver su trascendencia.
Esa decisión contestataria de las y los legisladores renunciantes actualiza un añejo debate: la representación legislativa se entrega a la persona elegida o a los partidos. Aparentemente resuelto, sugiere explorar en el orden jurídico constitucional, electoral y parlamentario, federal, estadual y convencional, a quién asiste el derecho de mantener la representación en los escaños, ante la imposibilidad de conocer si la ciudadanía votó por partido o candidato/a.
Jurídicamente abre interrogantes: ¿violenta el derecho de las y los ciudadanos a una representación apegada a sus preferencias políticas e ideológicas?; ¿agravia los derechos constitucionales de los partidos políticos?; ¿alcanza a las personas elegidas suplentes en las fórmulas votadas?; ¿lesiona la validez de los decretos y hasta el legal funcionamiento orgánico del Congreso?
Otro punto de observación es el de la política. El cristal varía. Desde ahí se verá si contribuyó a la democracia o se queda en relato.
