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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó ayer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones e inhabilitaciones de hasta 20 años a dos exfuncionarios de la desaparecida Policía Federal, por el desvío de más de 65 millones de dólares destinados al pago de obligaciones derivadas de un contrato firmado en 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD.
En un comunicado, la dependencia señaló que las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad permitieron “acreditar faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas de la extinta Policía Federal”.
Detalló que las irregularidades estuvieron relacionadas con el manejo de recursos vinculados a un contrato suscrito en diciembre de 2015 para la prestación de servicios con la firma extranjera.
Como resultado de las indagatorias, el tribunal determinó sancionar a Frida M., ex secretaria general de la Policía Federal cuando Miguel Osorio era secretario de Gobernación, con una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, además de una indemnización económica.
Asimismo, Damián C., extitular de la División de Inteligencia de esa corporación, fue sancionado con 15 años de inhabilitación y una indemnización económica.
La Secretaría Anticorrupción indicó que las sanciones económicas impuestas a ambos exservidores públicos “ascienden a más de 65 millones de dólares estadunidenses”.
Añadió que los hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República, instancia que mantiene abiertas investigaciones penales sobre el caso.
La dependencia sostuvo que “quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, y afirmó que continuará actuando “con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”.
En el comunicado, la secretaría llamó además a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, al considerar que “el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”.
Por: Arturo Sánchez Jiménez
crs
