Desde las 11 de la mañana de este martes, alrededor de 300 pobladores del Valle del Mezquital se manifestaron a las afueras del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para exigir justicia y la liberación del exdiputado local Edgar Hernández Dañú, a quien acusan de ser víctima de persecución política por parte del gobierno estatal.
De manera simultánea, otro grupo de manifestantes se congregó frente al Congreso del Estado, donde extendieron su demanda de liberación a otros líderes políticos detenidos: Armando Mera Olguín, Miguel Ángel López y Diana Bayardo. Con pancartas que decían “Apoyo total a Armando Mera”, “Liberen a Armando Mera”, “Jubilados de Progreso exigimos libertad para Mera” y “No más presos políticos en Hidalgo”, los manifestantes denunciaron una presunta estrategia de represión política orquestada desde el gobierno estatal.



La protesta ocurre tras la vinculación a proceso de Armando Mera Olguín en abril de 2024, acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades durante su gestión como presidente municipal de Progreso de Obregón. Desde entonces, Mera permanece privado de su libertad mientras enfrenta el proceso judicial.
Daniel Merino, originario de Progreso de Obregón y vocero de los inconformes, aseguró que los delitos imputados a Mera Olguín y a los otros líderes son “fabricaciones” impulsadas por el gobernador estatal. “Esto es una persecución política; el gobernador ha fabricado delitos, ha omitido documentos clave para incriminar a quienes le estorban”, señaló.
Merino relató que a Mera se le negaron inicialmente alternativas legales como el juicio abreviado, y cuando se lo concedieron, el exalcalde rechazó acogerse. “Armando dijo: ‘Si yo no me he robado nada, ¿por qué voy a aceptar que me robé algo?’. Tiene todas las facturas y los documentos que prueban la legalidad de sus actos, todo está en el comité de adquisiciones, incluso publicado en el Periódico Oficial de la Federación. Sin embargo, las autoridades ocultan las pruebas para mantenerlo preso”, afirmó Merino.
Además, acusó que el proceso ha estado plagado de irregularidades. “A Armando lo aprehendieron en un operativo desproporcionado: llegaron más de 30 patrullas a su casa, rompieron todo. Fue una intimidación directa, una muestra de cómo el gobierno usa la fuerza para callar a sus opositores”, denunció.
Los manifestantes señalaron que el gobierno “manipula y controla” los tres poderes del estado, lo que, aseguran, ha impedido la obtención de medidas alternas a la prisión preventiva. “Nos han negado el cambio de medida cautelar con argumentos absurdos, como decir que su familia no depende económicamente de él. No pedimos impunidad, pedimos justicia”, subrayó Merino.
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Durante la jornada, una comitiva de manifestantes ingresó a las instalaciones del Poder Judicial y del Congreso local para entregar un pliego petitorio, en el que exigen la intervención de las autoridades para garantizar un proceso justo y la libertad de los detenidos.
Los inconformes advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán con las movilizaciones y las acciones legales correspondientes. “Nuestra lucha no termina aquí. Queremos que se respeten las leyes, no que se utilicen para perseguir políticamente”, concluyeron.
Por: Dulce Castillo
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