Poco se informó después del operativo en los bares de Zona Plateada en Pachuca sobre legalidad de la operación de estos negocios, pero hoy, es justamente un frente de investigación que ya abrió la Procuraduría de Justicia del Estado y que podría ser uno de los puntos de inflexión en donde la actual administración municipal enfrentaría desde procesos administrativos hasta judiciales, dependiendo los hallazgos que se encuentren.
En ellas estarían involucradas la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Ricardo Rivera Barquín y la Dirección de Reglamentos y Espectáculos que encabeza Alexander Peñafiel Álvarez, de la Casa Rule, quien de acuerdo con los primeros indicios, habrían permitido la operación con diversas irregularidades no sólo de este tipo de establecimientos en la zona exclusiva, sino también solapando excesos que han dejado víctimas mortales, heridos, enfrentamientos, quejas e incluso, que bandas de presuntos narcomenudistas tenga acciones en el lugar.
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De los cuatro bares que fueron clausurados Combi beer, Rabbit Terrazas, Terrazas Bacardí y Tequibús, ninguno tenía su documentación en regla, al que no le falta su plan de contingencia avalado por Protección Civil, carecía de actualizaciones o pagos y en la mayoría sus licencias de funcionamiento tenía determinados horarios, lo que de acuerdo con el ordenamiento que regula la operación de estos negocios, es impedimento para que abran las puertas.
Lo que no se entiende justamente como es que operaban de día y noche, los 7 días de la semana, sin que nadie los molestara a pesar de las continuas quejas de organizaciones vecinales y comerciales y sólo existe una respuesta: la corrupción.
Ese es el punto en el que ahora las autoridades comienzan a tejer la investigación, con las aportaciones de gerentes, trabajadores e incluso propietarios, que además de aclarar la autenticidad y seguridad del alcohol que vendían, las pastillas controladas que fueron encontradas, las presuntas dosis de droga, deberán explicar cómo pudieron funcionar en la ilegalidad durante años, hay versiones que dicen que es mediante el pago de “cuotas”.
De existir una investigación seria, que seguro la tendrá la Procuraduría del Estado, esta pasará por el escritorio del gobernador, quien determinará sí la entrega a quien gane la elección, para que inicien los procedimientos respectivos o será el estado, quien se hará cargo de estos procedimientos y las sanciones a funcionarios que eventualmente estarían involucrados en estos presuntos actos de corrupción.
Hay que recordar que la actual administración municipal de Pachuca, denunció al ex director de Reglamentos y Espectáculos Leonardo E.S., por negociaciones indebidas bajo el expediente 1641/2023 debido a la supuesta venta de 26 permisos de funcionamiento, entre los que se encontraban dos con los números 6224 y la 6225 a nombre del actual alcalde Sergio Baños y de su hermano Ricardo, que justamente eran de bares que funcionaban en la zona sur de la capital.
De mi tintero… Yaneth Herrera Meneses, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y prima del ex gobernador Omar Fayad Meneses, no será ratificada como magistrada y en el mes de agosto, parece que su único destino podría ser ocupar un juzgado en el ostracismo… Que uno de los operadores políticos del Grupo Universidad y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es nada menos que Carlos García Monzalvo, ahijado del ex gobernador Francisco Olvera e hijo de Carlos García Sánchez ex operador financiero de Gerardo Sosa e involucrado en las carpetas de investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dicen que, esa es una de las válvulas que le inyectarán dinero a la compra de votos…
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