Asociación civil rechaza exigencia de carta de no antecedentes penales para trabajar en bares de Pachuca

La Fundación La Fuerza Está en ti A.C. presidida por Gilberto Rivera Razo, expresó su rechazo a la reciente disposición del Ayuntamiento de Pachuca, encabezado por el alcalde Jorge Alberto Reyes Hernández, que exige la presentación de la carta de antecedentes no penales como requisito para laborar en bares, antros y restaurantes del municipio.

Mediante un pronunciamiento público, la organización civil calificó la medida publicada el pasado 18 de junio en las redes sociales oficiales del gobierno municipal como discriminatoria y violatoria de derechos humanos, al considerar que obstaculiza la reintegración social de personas que ya han cumplido una condena penal y buscan rehacer su vida de manera legal.

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“Esta medida es excluyente y profundiza problemáticas sociales como la estigmatización, la violencia, la delincuencia y la pobreza”, advirtió la fundación, que trabaja por la rehabilitación, la prevención de adicciones y la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, La Fuerza Está en Ti A.C. señaló que la exigencia de este tipo de documentos atenta contra los principios de inclusión, igualdad y dignidad, y no representa una solución efectiva para prevenir delitos en entornos nocturnos o comerciales.

“Sabemos que la seguridad es un objetivo fundamental, pero no debe alcanzarse a costa de los derechos de quienes ya pagaron su deuda con la sociedad. Discriminar a estas personas impide su rehabilitación y perpetúa los ciclos de marginación”, se lee en el documento.

Por ello, la organización hizo un llamado directo al alcalde Jorge Reyes y al Ayuntamiento de Pachuca para entablar una mesa de trabajo, con la participación de autoridades municipales, de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca de Soto, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, con el fin de analizar las implicaciones legales y sociales de esta medida.

“Estamos dispuestos a colaborar para construir políticas públicas que garanticen seguridad, pero también respeto a los derechos humanos. La prevención del delito debe ir de la mano con la inclusión y la justicia social”, concluyó el posicionamiento.

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