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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) confirmó que en Tulancingo se repartieron millones de pesos en apoyos sociales sin garantizar que llegaran a la población vulnerable.
Los hallazgos forman parte de la primera entrega de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025, donde el municipio que gobierna Lorena García Cázares acumuló un monto observado total de 5 millones 743 mil 297.26 pesos.
De ese total determinado por el órgano fiscalizador, la mayor concentración de observaciones se ubica precisamente en la partida de “Apoyos y ayudas a la población”, validando de forma oficial las denuncias previas sobre el descontrol y la opacidad en el manejo de estos recursos.
El informe de la ASEH detalla que el Ayuntamiento no presentó estudios socioeconómicos por un importe de 3 millones 872 mil 699.46 pesos. Al revisar pólizas de egresos, transferencias bancarias, cheques, solicitudes, recibos de egresos del apoyo recibido, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, agradecimientos, credenciales para votar, control de actividades y evidencia gráfica del apoyo recibido, la Auditoría constató que no hay un solo documento que garantice que los beneficiarios fueran realmente personas de escasos recursos.
Según el dictamen, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones ante el órgano técnico; sin embargo, tras ser analizadas, se determinó que estas atienden solo parcialmente la irregularidad detectada, por lo que la observación subsiste.
Además, la fiscalización descubrió otra observación específica dentro de la misma partida: un pago improcedente por 217 mil 120.60 pesos. En este caso, el gobierno municipal intentó comprobar el gasto con identificaciones y CURP de personas que ni siquiera residen en el municipio de Tulancingo.
Con estos dictámenes, la ASEH da sustento técnico a los señalamientos realizados en abril pasado por el síndico hacendario, Pedro Hiram Soto Márquez, quien denunció públicamente que la partida de “Apoyos y Ayudas” estaba siendo utilizada para fines ajenos a los sociales.
En su momento, el asambleísta expuso que las autoridades municipales presuntamente triangulaban estos recursos para otorgar bonos de hasta 200 mil pesos a ciertos regidores, con el fin de condicionar su actuar en el cabildo. Para concretar el desvío, se utilizaba documentación de conocidos, amigos y familiares para simular la entrega de los apoyos sociales.
Dicha mecánica fue expuesta posteriormente por el síndico a través de videos con testimonios. Entre ellos destaca el de Alberto Vargas Ordóñez, a quien le autorizaron una ayuda económica funeraria tras el fallecimiento de su madre, la cual nunca recibió a pesar de constar como cobrada en los registros oficiales.
A estas denuncias se sumó el testimonio de una extrabajadora del gobierno de Tulancingo en mayo pasado, quien ratificó públicamente que dentro de la administración se recurre al uso de documentos de identidad ajenos y a simulaciones fotográficas para comprobar la supuesta entrega de recursos a la población vulnerable.
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