El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, informó que en una plática que sostuvo con el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que la reforma judicial debía empezar por la procuración de justicia, “que es un cuello de botella”; sin embargo, aunque a mi el federal se hicieron las gestiones para que las procuradurías se convirtieran en fiscalías, en Hidalgo aún sigue en vilo la transición.
A pregunta expresa sobre qué deberá priorizarse, si la transición de Fiscalía General de Justicia o la elección de jueces y magistrados en la entidad en 2027, el mandatario aseguró que el primero es un proceso que se está trabajando” y lo debemos hacer en las mejores condiciones posibles”.
No obstante, diputados locales han declarado que no hay certidumbre para concluir el procedimiento, pues cuestiones administrativas, principalmente, están trabando el tema, aunado a que el comité de transición solo ha tenido una reunión con la actual legislatura.
Cabe recordar que en julio del año pasado, la anterior legislatura aprobó una prórroga de un año para la transformación a fiscalía; esto, luego de que en dos años no se tenía mucho avance al respecto, situación que se repite actualmente y por la que legisladores no han querido pronunciarse sobre una nueva solicitud de prórroga.
En ese sentido, Menchaca Salazar precisó que se cuentan con elementos para transitar de procuraduría a fiscalía, pero no solo debe enfocarse en el cambio de nombre, pues ya se trabaja como fiscalía.
“Como presidente de la Comisión de Justicia del Senado me tocó hacer la ley orgánica de la fiscalía general y hacer efectivo una reforma constitucional con cuatro años de retraso, y se hizo un trabajo, digamos, muy importante para que la procuración de justicia, a nivel federal, el Ministerio Público tuviera una sacudida; en ese sentido, con esa experiencia necesitamos no solamente cambiar el nombre de Procuraduría a fiscalía, sino convertirla en algo accesible, en donde se le pueda dar respuesta pronta y eficiente a quienes se sienten lastimados, se sienten transgredidos por normas penales que han afectado su integridad o patrimonio”, expresó.
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