Alertan por posible eliminación de delito contra menores en Hidalgo

La Asociación Civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) manifestó su preocupación ante la iniciativa de reforma al Código Penal del estado presentada por el diputado José Luis Rodríguez Higareda, la cual busca eliminar del marco jurídico el tipo penal relativo al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. 

Aunque la propuesta del legislador, presentada el pasado 18 de marzo, refiere que el objetivo es evitar duplicidades normativas, pues este delito se considera desde el marco jurídico del sistema penal federal, la organización civil consideró que se vulneraría la protección de los menores de edad, ya que el combate a este delito debe garantizarse desde lo federal y lo local. 

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“Al derogar este delito a nivel local, se invisibiliza una problemática que, según estimaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México, pone en riesgo a entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país y aproximadamente 40 mil en Hidalgo”, detalla el comunicado. 

La propuesta del legislador refiere que la persecución de las conductas relacionadas con el reclutamiento o utilización de menores por parte de la delincuencia organizada se rija por la legislación federal especializada y “se respete la competencia exclusiva para legislar en la materia, que tiene la autoridad federal”.  

Por ello, propone la derogación de los artículos 165 Bis y 165 Ter del Código Penal local en los cuales se reconoce el delito y se establece la punibilidad, mismos que fueron adicionados apenas en el 2023. 

Debido a lo anterior, Servicios de Inclusión Integral solicita al Congreso del estado frenar el proceso de derogación mientras no se realice un análisis técnico con expertos en derechos de la infancia y organizaciones de la sociedad civil. 

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De igual forma, pide un parlamento abierto para discutir si la armonización legislativa no podría, en su lugar, fortalecer el tipo penal local para hacerlo compatible con la ley federal sin perder la visibilidad del delito en el estado y reconocer el reclutamiento como una forma de explotación específica con mecanismos de prevención y protección diferenciados. 

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