Alcaldías de Hidalgo que no han pagado deuda, contraerán más créditos
Tulancingo y Cuautepec aún no terminan de liquidar préstamos de anteriores administraciones y ya solicitaron más recursos para obras
Tras la reciente aprobación del Congreso de Hidalgo para que los ayuntamientos puedan contraer deuda para realizar obras y acciones sociales y liquidarlas antes de terminar su gobierno, van tres que aprueban una línea de crédito: Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa y Tula.
Sin embargo, en el caso de los dos primeros, aún no terminan de pagar el préstamo que las administraciones anteriores adquirieron para construir y remodelar los edificios de sus presidencias municipales.
El ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, al 31 de marzo de 2023, todavía adeuda 1 millón 755 mil 024.49 pesos de los 13 millones 770 mil 193.50 que solicitó a Banobras en 2015 para la rehabilitación y construcción de la alcaldía.
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Lo anterior, según el reporte de deuda pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
El pasado 11 de mayo, la Asamblea municipal aprobó en sesión extraordinaria contratar una línea de crédito con la institución bancaria Banobras, por 16 millones de pesos.
Según este gobierno que encabeza Manuel Fermín Rivera Peralta, el nuevo préstamo será utilizado para llevar a cabo electrificaciones, agua potable, drenaje y pavimentaciones.
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También el pasado mes, la asamblea de Tulancingo aprobó -sin informar a la ciudadanía el monto de la deuda- que el presidente Jorge Márquez Alvarado solicite una línea de crédito para adelantar obra pública de 2024.
No obstante, este gobierno es el más endeudado, pues todavía le falta saldar más de 19 millones de pesos de los 60 millones que Márquez Alvarado solicitó a Banobras cuando era alcalde en 2010, para construir el edificio de la presidencia.
Por su parte, el cabildo de Tula aprobó que el presidente municipal Manuel Hernández Badillo solicite un crédito por 7 millones 800 mil pesos para obras de infraestructura social.
Cabe mencionar que en esta demarcación el edil recientemente se amparó para no ser detenido por probable peculado y desvío de recursos de más de 60 millones de pesos, tras una denuncia por parte de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).
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