El alcalde de San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de Francisco Javier A.S., ocurrido el 30 de octubre de 2021 en la unidad deportiva del municipio. Así lo confirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJH), Rebeca Aladro Echeverría.
El joven asesinado era sobrino de la exalcaldesa Erika Saab Lara, y el caso había sido cerrado previamente. Sin embargo, fue reabierto por el Juzgado Tercero de Distrito, que ordenó emitir una nueva resolución tras conceder un amparo. Además del edil, también fue señalada su madre, Soravelia Escamilla, como presunta cómplice, y su hermano, Víctor Hugo Pérez, como presunto autor intelectual del crimen; este último permanece prófugo de la justicia.
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La magistrada Aladro explicó que un error humano en el sistema electrónico judicial provocó que inicialmente se notificara una resolución que vinculaba a proceso, posteriormente se emitió otra en la que no se vinculaba a proceso, por lo que fue corregido, y la decisión vigente es la que sí vincula al alcalde y a su madre.
“Fue un error humano, no de mala fe. La resolución válida es la que da cumplimiento al amparo y sí vincula a proceso”, aclaró la presidenta del TSJH, quien agregó que el error no tuvo efectos jurídicos sustanciales y fue reconocido también por los abogados.
Tras la nueva notificación, el alcalde negó las acusaciones en un mensaje público y acusó una persecución política en su contra. En una transmisión en vivo desde su página de Facebook, acompañado por su esposa, Pérez Escamilla denunció recientemente irregularidades en el proceso y acusó al juez Fredy Francisco Aguilar Pérez de actuar con corrupción.
“Es una situación rara, claramente hay influyentismo. Pretenden responsabilizarnos de un delito que no cometimos y que ya había sido resuelto en otras instancias”, dijo.
Sus abogados confirmaron la reapertura del caso y señalaron que ya preparan los recursos necesarios para apelar la decisión.
Pérez Escamilla, emanado del Partido del Trabajo (PT), también ha estado envuelto en señalamientos políticos. Meses atrás acusó a su antecesora, Erika Saab Lara (PRI), por un presunto desvío de más de 58 millones de pesos, detectado por la Secretaría de la Contraloría estatal.
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