Alcalde de Nopala sigue prófugo de la justicia
Edil de Pisaflores ya inició proceso judicial
Luis Enrique N., alcalde de Nopala cesado por corrupción, es el único que aún se mantiene prófugo de la justicia, luego de que este viernes finamente el alcalde de Pisaflores fue vinculado a proceso y enfrentará la judicialización en libertad.
El edil de Nopala sólo fue presentado ante la juez de control, tras su detención, pero al contar con un amparo fue dejado en libertad para que retornar a la reanudación de la audiencia inicial, solo que el munícipe se dio a la fuga y no se le logró vincular a proceso.
Luis Enrique N. es el único alcalde de Morena que está implicado en la red de corrupción, y hasta el momento no ha retornado los recursos públicos desviados, los cuales ascienden a 71 millones 968 mil 898 pesos que serían utilizados para la atención de la pandemia y obra pública.
Sin embargo, fue quien aportó datos sobre el mecanismo utilizado para el desvío de recursos públicos extraordinarios instrumentado durante la administración estatal anterior.
En un esquema de peculado agravado (desvío de recursos públicos) que detectó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en el que incurrieron 13 alcaldes hidalguenses, se destaca que los ediles de Tlahuelilpan y Pisaflores alanzaron acuerdos con la justicia para dejar el cargo y retornar el recurso público estatales.
Mientras que otros tres ediles están recluidos en el Cereso de Pachuca (Huahutla, Epazoyucan y Yahualica, en la fase de investigación complementaria de sus expedientes para poder llegar al juicio por los delitos de peculado agravado y uso indebido del servicio público en agravio de sus respectivas poblaciones.
Con 13 primeros expedientes judicializados, en cinco casos ya hay vinculaciones a proceso, y el resto está en procedimientos de amparo e incluso en cuanto al alcalde de Atotonilco El Grande Hugo N. se esperaba que este viernes acudiera a los juzgados tras renunciar a la solicitud de amparo que había promovido desde diciembre pasado, e iniciar su proceso para responder por la imputación en un monto cercano a los 33 millones de pesos.
De acuerdo con el gobierno estatal, una vez concluido el proceso jurídico, este dinero será enviado al Instituto estatal para devolverle a pueblo lo robado, y que actualmente sólo ha implicado alcaldes
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