Adolescentes en prisión padecen corrupción: Inegi
Por cada mil adolescentes en el Sistema Integral de Justicia, 205 denunciaron ese tipo de actos
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, que elaboró el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), Hidalgo se encuentra entre las nueve entidades a nivel nacional con una tasa alta de jóvenes víctimas de corrupción en cualquier etapa de su proceso o vida de internamiento.
La estadística advierte que, por cada mil adolescentes en el Sistema Integral de Justicia, 205 denunciaron ese tipo de actos; además, de los 44 entrevistados (39 hombres y cinco mujeres) que hasta el año pasado se encontraban en reclusión, nueve aseguraron haber sido víctimas de corrupción.
El documento detalla que los encuestados aseguraron que tuvieron que pagar para tener acceso a un teléfono celular, aparatos eléctricos, recibir medicamentos, salir al patio de visitas, cambiar o permanecer en su dormitorio, protección, agua potable, visita íntima, entre otros.
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En tanto, la percepción de seguridad en términos de violencia en el entorno fue considerada como buena en los dormitorios y en el centro de internamiento; no obstante, tres de los encuestados refirieron haber sido víctimas de discriminación por su forma de ser, rasgos físicos, vestimenta, edad, orientación sexual, entre otros.
Derivado de eso, fueron objeto de humillaciones, ignorados, agredidos físicamente, amenazados y recibieron castigos o fueron aislados.
Por otra parte, 11 dijeron haber recibido alguna sanción por parte de las autoridades del centro en los últimos 12 meses: 10 recibieron una llamada de atención en privado o en público, a cinco se les asignaron trabajos de limpieza y uno fue cambiado a otra sección del penal.
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En cuanto al proceso de detención de los adolescentes, fueron entrevistados 42 detenidos en la entidad, de los cuales 18 dijeron que declararon haber cometido algún delito, cuatro refirieron que ayudaron a cometer el ilícito y 20 aseguraron que fueron implicados; además, uno fue acusado por un delito ocurrido entre 2014 y 2017; 19 entre 2018 y 2020; y 18 entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el informe detalla que 16 jóvenes fueron asegurados inmediatamente después de la comisión del delito; ocho días después, uno al pasar un mes, tres estuvieron libres entre uno y 11 meses y 12 fueron detenidos un año después o más.
Asimismo, al momento de su arresto, 11 se encontraban acompañados de una persona adulta, seis con una persona de su edad y 19 estaban solos; además, en 27 casos no permitieron que se les fotografiara o videograbara, en 22 se les informó sobre su derecho a guardar silencio y a no declarar en presencia de un abogado, en 17 casos la persona que los arrestó estaba uniformado, en 16 se les informó el motivo de su detención y a 16 se les preguntó su edad.
El ENASJUP también reveló que 26 adolescentes fueron interrogados para dar información desde su detención y hasta antes de llegar al Ministerio Público (MP) o juez penal; mientras que 24 fueron víctimas de violencia psicológica, 12 de violencia física, 10 fueron víctima de robo por parte de la autoridad que los detuvo.
De los adolescentes presentados ante el MP (42), 23 aseguraron que le fueron tomadas las huellas de los dedos o manos, a dos les tomaron muestras biológicas, 23 fueron interrogados antes de rendir y firmar su declaración, y en promedio duró una hora con 13 minutos.
En tanto, de los 14 que declararon ante el MP, seis se declararon culpables y el resto no; no obstante, de los 42 enjuiciados 17 dijeron que fueron víctima de violencia psicológica por parte de la autoridad de la agencia del MP, toda vez que recibieron insultos, fueron incomunicados, desvestidos, amenazados, presionados para inculparse o inculpar a alguien, entre otros; asimismo, cinco fueron víctimas de agresión física.
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