Aborto en Hidalgo con obstáculos y sin información
El 30 de junio de 2021 Hidalgo se convirtió en la tercera entidad federativa, después de Ciudad de México y Oaxaca, en legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ley que la semana pasada fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no está garantizado, pues es una práctica donde en la mayoría de los casos mujeres organizadas son quienes brindan acompañamiento en el derecho a este servicio de salud.
En la opinión de colectivos, aún existe una deuda que va más allá de las modificaciones a la ley, la libertad de las mujeres y personas gestantes de elegir, pero que en la práctica es un derecho que en Hidalgo aún no se ejerce de manera plena.
Si una mujer quiere interrumpir su embarazo en Hidalgo puede llamar a la línea telefónica 771 473 7943 que el movimiento de mujeres ILE en Hidalgo puso a disposición, luego de la despenalización, para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, ante la ausencia del Estado en dar a conocer la nueva legislación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en Hidalgo, desde la aprobación en la entidad federativa de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), -casi dos años- se han registrado mil 400 abortos en hospitales públicos.
La cifra es casi similar al número de abortos que usuarias provenientes de Hidalgo se han practicado desde el 2007 en la Ciudad de México, año en el que en esa demarcación se despenalizó la interrupción del embarazo.
De abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2022, mil 395 hidalguenses acudieron a un servicio de ILE en hospitales de la Ciudad de México, según datos publicados en la página ile.salud.cdmx.
En Ciudad de México han ejercido este derecho 256 mil 665 mujeres provenientes de distintas partes del país.
Hidalgo, es la cuarta entidad federativa, después de CDMX, Estado de México y Puebla, con más usuarias que en los últimos 16 años han acudido a la capital del país a practicarse un aborto.
Por lo que, si bien las hidalguenses han hecho uso de los servicios de salud estatales para interrumpir un embarazo, siguen acudiendo a CDMX. Según testimonios de mujeres, esto ocurre por desconfianza de que en hospitales de Hidalgo no estén lo suficientemente capacitados, por la cercanía, y para evitar la criminalización en su entidad de origen.
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Falta de información dificulta acceder a la ILE
En cinco años, Di Ramona, organización que en Hidalgo promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha brindado acompañamiento a más de 3 mil personas en proceso de aborto autogestivo.
“Una cosa es que se despenalice y otra muy diferente es que las autoridades de los servicios de salud tengan la disposición para brindar el servicio, eso es algo con lo que nos enfrentamos durante los primeros meses que se despenalizó”, señaló Daniela Téllez, colaboradora de Di Ramona, en entrevista con La Jornada Hidalgo.
Dicho colectivo, que cuenta con cuatro mujeres voluntarias para el acompañamiento, se encontró con que en el acceso al aborto en Hidalgo había trabas, cobros injustificados, negación del servicio y malos tratos.
“Emprendimos una campaña, porque nos dimos cuenta de que muy pocas personas sabían sobre este cambio legislativo, a pesar de su trascendencia no había información de cómo acceder”.
“Nosotras realizamos un proyecto que se llama ILE Hidalgo, abrimos una línea telefónica, y pintamos rótulos en los municipios donde estaban los hospitales que supuestamente brindarían el servicio”, detalló la activista.
Cabe mencionar que su experiencia coincide con otras acompañantas en la entidad, quienes también expresaron a este medio de comunicación que los servicios de salud mantienen escasa difusión de la ILE, sin tomar en cuenta que esto abonaría en garantizar el acceso a este derecho.
Se destaca que el gobierno de la Ciudad de México, a diferencia de Hidalgo, tiene una página exclusiva de Interrupción Legal del Embarazo, donde las mujeres pueden ubicar la clínica más cercana, requisitos, dudas, otros servicios de consejería y métodos anticonceptivos.
Despenalización social del aborto no avanza
“La despenalización no avanza tan rápido como avanza una ley, una despenalización social que tiene que ver con estigmas, estereotipos, es un trabajo diario desde múltiples frentes y una parte compleja que permea en el ámbito social”, opinó la colaboradora de Di Ramona.
Recalcó que estos prejuicios se fomentan en medios de comunicación, familia, escuela, la religión, el espacio público. “Nos dicen que el aborto es malo, que las mujeres que abortan son malas mujeres”.
“También permea en los servicios de salud cuando marginan a una paciente, la hacen sentir con miedo, angustia, sola, triste, que sus decisiones son equivocadas, que es incapaz de tomarlas por sí misma”.
De ahí, sostuvo la integrante de Di Ramona, es necesario concientizar para dejar de criminalizar la interrupción legal del embarazo y tratarlo como lo que es: un servicio de salud pública.
“Aquí lo importante es que las mujeres que deciden practicarse un aborto tengan opciones, con nosotras siempre que se comunican a la línea telefónica brindamos todas las opciones, ir a un hospital público, clínica privada, hacerlo con una acompañante, ir a CDMX, las mujeres deciden lo que les hace sentir más seguras”.
“La mayoría de las personas prefieren seguirlo haciendo en casa o con una acompañante que acudir a los servicios públicos de salud. Aunque eso habla de la privacidad de las personas, también habla de la deuda de los servicios de salud con las mujeres de sentirnos juzgadas, maltratadas, señaladas, pese a que existen los servicios ahí”.
“Aunque no importa por lo que vayas, los servicios de salud al día de hoy tienen una deuda enorme con la población, y en casos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva como es llevar a término un embarazo o un aborto hay casos de maltrato y violencia obstétrica, prejuicios, estigmas y demás”.
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En centros como el IMSS o ISSSTE no es un derecho
“Hay dieciséis hospitales para acceder a un aborto, de estos tres se encuentran en Pachuca, los otros trece están dispersos, y para 84 municipios, todavía estamos lejos de tener una accesibilidad óptima”, consideró la integrante de Di Ramona.
En la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva Pachuca, Integral de Jacala, Regional de la Huasteca, Integral de Tlanchinol, Integral de Atlapexco, Regional del Valle del Mezquital, Regional Otomí Tepehua.
En el Hospital General de Pachuca, General de Huichapan, General de Tulancingo, Integral de Cinta Larga, General de Tula, Hospital Obstétrico, Básico Comunitario de Huehuetla, General de Actopan, General de Altiplano.
Y en ese sentido, agregó que, con los cambios en la ley de salud, lo ideal también es que el servicio de la Interrupción Legal del Embarazo se encuentre disponible también en los Centros de Salud en Hidalgo.
Daniela Téllez también destacó que, en el tema de la legalidad, en Hidalgo el aborto se despenalizó, pero a nivel nacional sigue siendo un delito, justificación del IMSS e ISSSTE, organismos descentralizados del gobierno federal, que niegan el procedimiento a las mujeres.
Fue apenas la semana pasada, que la organización Di Ramona en colaboración con Abortistas MX, tras una campaña de recolección de firmas, ingresaron un amparo colectivo para que las derechohabientes tengan acceso al aborto seguro en ambas instituciones de salud en Hidalgo.
“Es recordarle al Estado que no puede estar haciendo leyes inacabadas, que no se adecua a la realidad de las mujeres, sigue criminalizando de manera parcial el acceso a un aborto, es interrupción legal del embarazo durante las primeras 12 semanas con 6 días, pero posterior vuelve a ser un delito”.
“No podemos tener este tipo de leyes que estén incompletas, el acceso legal a un aborto seguro y gratuito debería de ser irrestricto, comprender que la realidad de las mujeres y personas con capacidad gestante no se limita a 12 semanas, sino que por diversas causas puede extenderse a más”, agregó.
Además de la capacitación de los servicios de salud, para Di Ramona, el gran pendiente que hay en materia legal es que el aborto se quite del código penal, “un servicio de salud no tiene por qué estar en el código penal”, sostuvo la colaboradora.
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