A un año de la presentación de las primeras denuncias por presuntas irregularidades en la administración del exalcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, los casos continúan sin ser judicializados, informó la regidora Nadia Reyna Camacho, coordinadora de la Comisión Especial de Anticorrupción del Ayuntamiento.
La edil reconoció que, pese a que las autoridades han solicitado información complementaria misma que ya fue entregada, no se observan avances sustanciales en las investigaciones.
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“No avanzan, esa es la verdad. No sé qué se está esperando para judicializar. Ya se entregó todo lo que se tenía que entregar”, declaró.
Reyna Camacho señaló que, aunque el exalcalde ha sido visto en distintas ocasiones acudiendo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), las carpetas de investigación siguen abiertas sin resultados concretos.
Fue el pasado 26 de marzo de 2025, que la regidora presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción contra cuatro exfuncionarios de la administración municipal, incluido Baños Rubio, por presuntos delitos de peculado, negociaciones indebidas y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Entre los señalados también se encuentran la excontralora, el extesorero y la exadministradora municipal.
De acuerdo con la denuncia, los hechos están relacionados con la contratación de al menos tres personas que presuntamente fungían como abogados en la Dirección Jurídica, pero que en realidad no desempeñaban funciones, pese a recibir sueldos de entre 20 y 25 mil pesos mensuales durante al menos dos años.
“Se simuló un trabajo, estuvieron cobrando, pero nunca hicieron sus funciones”, acusó.
La regidora detalló que fueron trabajadores del propio Ayuntamiento quienes denunciaron estas irregularidades y aportaron información clave, además de que ella solicitó documentación oficial para respaldar la querella.
Indicó que esta fue la primera denuncia formal, pero advirtió que podrían existir al menos 200 casos similares de “aviadores”.
Observaciones de la ASEH y daño patrimonial millonario
A estas denuncias en 2025 se sumaron las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), que detectó un presunto daño patrimonial por 47 millones 354 mil 428.33 pesos durante la administración de Baños Rubio.
El informe de la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Pachuca revela diversas irregularidades, desde desorden administrativo hasta el uso discrecional de recursos públicos.
La mayor parte del daño patrimonial 23.5 millones de pesos corresponde al servicio de recolección y disposición de residuos sólidos. La ASEH documentó la inexistencia de tickets de pesaje y registros confiables sobre la cantidad de basura trasladada al relleno sanitario de El Huixmí, además de inconsistencias en bitácoras diarias, semanales y mensuales.
Entre otras anomalías detectadas se encuentran:
La compra de Roscas de Reyes por 2 millones 876 mil 220 pesos, sin evidencia documental que acredite su entrega, como listas de beneficiarios, recibos firmados o material fotográfico. Anticipos a proveedores por 3.6 millones de pesos sin comprobantes de aplicación y pagos por 419 mil pesos a personal eventual sin listas de asistencia ni reportes de actividades.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, estos movimientos fueron validados bajo la supervisión de la entonces contralora Gabriela Morales Ríos.
Otras investigaciones
Además del caso de los “aviadores”, también se mantiene abierta una investigación por el presunto uso irregular de más de 5 millones de pesos en cenas de fin de año durante 2023, realizadas mediante adjudicaciones directas sin justificación legal.
Según los registros de la Secretaría de Administración, se efectuaron dos pagos: uno por 3.3 millones de pesos en febrero y otro por 1.7 millones en diciembre, ambos sin cumplir con los procesos de licitación establecidos.
Asimismo, continúa vigente una denuncia ante la Contraloría Municipal por la presunta falsificación de un sello oficial en 2022, ocurrida durante la misma administración.
Retrasos y exigencia de resultados
Reyna Camacho reconoció que la carga de trabajo de la Procuraduría podría influir en la lentitud de los procesos; sin embargo, subrayó que ya ha transcurrido un año sin resoluciones.
“Sí está lento, ya tiene muchos meses. Yo voy a pedir nuevamente que la contralora acuda a la Comisión de Anticorrupción para revisar cómo van estos asuntos y si ya habrá sanciones”, adelantó.
Recordó que el combate a la corrupción fue una promesa de campaña generalizada, por lo que consideró que la ciudadanía espera resultados concretos.
“Yo espero que sí haya resoluciones. Fue promesa de campaña de todos y la gente lo está esperando”, concluyó.
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