Tres años han pasado para hacer un corte de caja del gobierno de Julio Menchaca, una administración sobre la que había grandes expectativas por presentarse como el gobierno del “cambio”. Sin embargo, ese cambio no llegó; por el contrario, se ha dado un regreso al gatopardismo con la incorporación de numerosos priistas —que en realidad nunca dejaron de serlo— y con las mismas prácticas de siempre: acosadores, violentadores, deudores alimenticios y la asignación de apoyos gubernamentales a amigas, amigos y compadres del gobernador.
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La esperanza comenzó con el combate a la corrupción a través del caso denominado Estafa Siniestra. El propio Julio Menchaca afirmó que hay 214 funcionarios vinculados a proceso. Pero, ¿cuántos de ellos son realmente políticos de alto nivel que formaron parte de esa red de corrupción? Sin ellos, nada de lo ocurrido habría sido posible. Como suele suceder, los de “cuello blanco” han quedado impunes. En realidad, solo 18 funcionarios públicos, en su mayoría exalcaldes, han sido vinculados. El monto más alto señalado corresponde a 140 millones de pesos, atribuidos a un exfuncionario de la SEP, aunque otro enfrenta su proceso en libertad.
En cuanto a los derechos de las mujeres, las mesas de paz han resultado un fiasco, contraviniendo varios tratados internacionales por la forma en que han sido tratados los casos y las víctimas de violencia. El gobierno no fue capaz de apoyar al refugio de mujeres en Hidalgo porque, según se argumentó, quienes lo administran son expriistas, aunque Rebeca Aladro —cercana a Menchaca y una de las “destapadas” para la candidatura gubernamental— formó parte de su creación. A esto se suman los terribles casos de Rosaura y la represión y criminalización de manifestantes el 8 de marzo, hechos que pasarán a la historia del estado como sucesos que ni en 90 años de priismo ocurrieron.
En infraestructura, persisten deficiencias en caminos y servicios de agua potable. Pese a ello, el gobernador decidió ejercer un presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos en la construcción de un centro administrativo con helipuerto, porque, claro, él no transita por las carreteras del estado. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que recorrió todo el país, Menchaca ha optado por “ferias de servicios” que, si bien acercan trámites que deberían estar disponibles en los municipios, no generan cambios estructurales. Ese presupuesto multimillonario podría destinarse a otras áreas prioritarias: insumos para garantizar el acceso al aborto (actualmente inexistentes), apoyo a refugios para mujeres e hijos víctimas de violencia, mejores sueldos y más personal para las líneas de atención a emergencias (que no contestan por falta de trabajadores). ¿Será que busca un centro administrativo fuera del Palacio de Gobierno para instalarlo cerca de su despacho y negocio familiar, como ocurrió con la feria de San Francisco?
En movilidad, la situación no es mejor. Aunque se reconoce que el mal negocio del Tuzobús proviene del gobierno de Francisco Olvera —invitado al Tercer Informe—, no se han asumido responsabilidades ni planteado mejoras para ofrecer un servicio eficiente. Lo mismo sucede con los taxis, cuyas concesiones están en manos de quienes cometen delitos de “cuello blanco” o de exfuncionarios que se beneficiaron con ellas. Eso sí, el gobierno actuó en contra del magisterio y sus dos salarios ¿Quién lo convenció fue Natividad Castrejón para luego aparecer él como el héroe?
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Es una lástima que el cambio no se dé; peor aún, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Un “gober” desnudo que le dicen que va vestido de oropeles, porque así es el “poder” y los “amigos/as” que se tienen, cuando se tiene lo que es efímero. En fin, este contrainforme tiene otros datos, igual que los que percibe la ciudadanía que no son los bots pagados por comunicación social.
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