Ya son 350 empresas dadas de baja del padrón de gobierno: Contraloría
En enero del 2024 gobierno del estado dio de baja a 200 empresas constructoras, informó el titular de la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez.
Dijo que actualmente la dependencia está en el periodo en el que se acercan las constructoras con los reclamos del por qué las dan de baja, así que con pruebas les dan respuestas.
Dijo que en algunos casos las pruebas son que las obras públicas municipales no están entregadas, cuando corresponden al ejercicio 2022. Así que en este momento la Contraloría califica si las faltas son graves o no, o si hay desvío de recursos.
Recordó que la Contraloría dio de baja en 2023 a 15 empresas, de las cuales 50 solo tuvieron fallas de tipo administrativas, lo que ocasiono que las dieran de baja del padrón.
Las otras 100 empresas fueron inhabilitadas por 5 años y 15 tuvieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). “Total que son 350 empresas que traemos, lo cual ocasiona todo tipo de juicio, de alegatos, acciones y quejas”, comentó el funcionario.
Afirmó que esta depuración y trabajo de supervisión se realiza para evitar que los ayuntamientos hereden a las nuevas administraciones obras mal hechas, inconclusas o con problemas.
Expresó que hay empresas constructoras que agarraron el dinero el anticipo, se lo llevaron y no regresaron. Además de obras mal hechas, como lo que sucedió en Tezontepec de Aldama, que se trataba de un reencarpetamiento con inversión de 6 millones de pesos y que el ayuntamiento ahora está obligando al constructor a volver a hacer el trabajo.
Señaló que, en la investigación de la construcción del puente atirantado en la capital hidalguense, que se realizó en la administración estatal pasada están esperando.
Detalló que la dependencia que encabeza ya hizo su propia auditoría y revisión, pero como el principal ejercicio de inversión fue con el recurso del 2022 esperan que sea en este febrero la Auditoría Superior de la Federación, la del estado y la Secretaría de la Función Pública emitan sus dictámenes correspondientes para iniciar cualquier tipo de responsabilidad.
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