Único pendiente con deudos de Tlahuelilpan, memorial; apoyo continúa: Abraham Zenteno
El delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, afirmó que el gobierno federal desde el 18 de enero de 2019 ha atendido a las familias afectadas por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, la cual dejó como saldo la muerte de 137 personas que se encontraban en el lugar sustrayendo de una fuga el combustible.
El funcionario federal negó que se haya desamparado a los deudos, pues contrario a lo que dicen, “todo fue atendido” y el programa de emergencia social natural fue aplicado, pero cuando no hubo más recurso, se dejó de lado; sin embargo, los programas sociales que ofrece la federación se continúan entregando a los hijos de los fallecidos.
En ese sentido, explicó que a los niños menores de 4 años fueron inscritos al programa de hijos de madres trabajadores para que recibieran un recurso bimestral, pero al cumplir los 4 años fueron dados de baja debido a que las reglas de operación establecen que a partir de esa edad ya no pueden ser beneficiados.
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No obstante, se les ofreció la beca Benito Juárez para educación básica para quienes fueran inscritos al nivel preescolar, pero debido a que, según el delegado, algunos tutores o madres de familia no los inscribieron sino hasta los 5 años y no se dio parte a la delegación de Bienestar, no fueron considerados en la beca.
Por otra parte, algunos niños no fueron inscritos en escuelas públicas, siendo que las reglas de operación establecen que solo serán beneficiados quienes estén en esos espacios. Lo mismo pasó en educación media superior, donde la beca es universal, los jóvenes fueron matriculados en colegio privado.
Mientras que a los universitarios se les entregaría el recurso si se enlistaban en las universidades Benito Juárez, pero también hubo casos en las que no lo hicieron.
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En otros casos, recordó Mendoza Zenteno, se les ayudó a los familiares a obtener la guarda y custodia de los niños que quedaron huérfanos después del accidente.
Además, a través de la Secretaría de Economía fueron conformados grupos de trabajo, de cuando menos tres integrantes, para recibir apoyos de carácter productivo; se les capacitó, se les dio recurso entre 80 mil y 250 mil pesos para emprender un negocio, como cocina económica, renta de mesas y sillas, entre otros.
Pero debido a la pandemia por Covid-19 que paralizó la economía, algunos no lograron que sus negocios sobrevivieran.
Sin embargo, el delegado reconoció que la única deuda que tienen con los familiares de las víctimas mortales es la casa de oración, memorial o mausoleo que piden sea construido en la Zona Cero, pues es propiedad de Pemex y Protección Civil aseguró que no es un lugar seguro.
“Al principio el problema fue que el terreno estuvo bajo el cuidado de la Fiscalía General de la República (FGR) por el tema de lo ocurrido; cuando lo libera, Pemex buscó adquirirlo y lo compra, por lo que ya es propiedad de Pemex”, dijo.
Respecto al presunto seguro de 100 millones de dólares con los que cuenta la paraestatal para atender a los deudos, Abraham Mendoza detalló que la información que tiene es que ese recurso solo se aplicaría en caso de accidente, pero debido a que en 2019 los caídos se encontraban sustrayendo de manera ilegal el combustible, no puede ser aplicado.
Sin embargo, algunos abogados buscan solo jugar con el tiempo y dinero de los deudos a sabiendas de que es altamente probable que pierdan el juicio.
“Desde mi punto de vista, quieren utilizar a la gente diciendo que es un monto elevado con la intención de ganarle a Pemex este recurso”, puntualizó.
