Tiempo de recuento: lo jurídico
DESDE LO REGIONAL
Cercanos los inminentes cierres de la legislatura del Congreso de la Unión y el sexenio de la Presidencia de República, se impone, como en cualquier final de ciclo, un balance preliminar para advertir el estado del arte en términos legislativos y de la administración pública federales, a partir del cual deban construirse las acciones necesarias y viables del siguiente gobierno, así como la programación conveniente para su realización.
En el espacio de lo jurídico quedará una atmósfera densa de marcado desencuentro, entre los principales sectores intervinientes, por la divergencia de posiciones respecto de la visión disruptiva del gobierno próximo a concluir, replicada en las Cámaras federales dada su composición mayoritaria.
En el ámbito parlamentario la aprobación atropellada de leyes notoriamente inconstitucionales desde su iniciativa, generadora de las procedentes resoluciones judiciales y, en consecuencia, de una inédita tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.
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Al Senado se cargará el adeudo de múltiples nombramientos para la integración del INAI, la Sala Superior del Tribunal Electoral, diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de tribunales electorales de varias entidades federativas.
En la órbita del Ejecutivo el listado es extenso: desde una peculiar técnica jurídica, hasta las posibles contradicciones entre sus iniciativas, por ejemplo la de amnistía con la de prisión preventiva oficiosa; así como las posibles imprecisiones en la de pensiones y las omisiones en el control de la pandemia de Covid.
Mención aparte merece el desapego a la normatividad de protección ambiental en las obras más importantes del sexenio, y la reserva de su información durante varios años, mediante la calificación de seguridad nacional. A ello se suma la controversial modificación a la Ley de Amparo, objetada en clave de progresividad de los derechos humanos.
No obstante haber quedado sin dictamen legislativo, las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo en este año, ocasionaron una situación igualmente controversial, anulándose la oportunidad de un debate fructífero.
Debe añadirse el posicionamiento respecto de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, apoyado unánimemente por las y los gobernadores de las entidades federativas, con posibles implicaciones a nuestra permanencia en el Sistema Interamericano de derechos humanos, al retrotraer la discusión sobre la soberanía nacional.
En la relación del Ejecutivo con el Judicial se inscriben: el inédito nombramiento directo de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, en medio de la propuesta para la elección directa de quienes ocupen ese cargo; y el hostil trato a la judicatura desde la elección de la nueva ministra presidenta, en detrimento de la independencia judicial.
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Temas de procuración de justicia, electorales, de publicidad de datos personales e intromisión en facultades constitucionales de los estados, están igualmente presentes en el resumen
Imposible omitir la descalificación a la abogacía nacional y la reacción de sus corporaciones gremiales, e incluso de organismos internacionales, al respecto. Son líneas generales suficientemente conocidas, en conjunto presentan uno de los resultados del sexenio; por su trascendencia obligan al análisis riguroso, indispensable para diseñar el tramo siguiente. De principio sugieren repensar el marco constitucional de la división de poderes y del federalismo.
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