Terapias de conversión
En contra del mar
El martes pasado el congreso del estado aprobó una reforma para prohibir las ECOSIGs (Esfuerzos para Cambiar la Orientación Sexual y la Identidad de Género) también conocidas y mal llamadas como terapias de conversión.
Se reformaron el Código Penal para crear un nuevo supuesto penal dentro del apartado de discriminación, que establece penas de prisión de 1 a 3 años o trabajo comunitario y multa a las personas que obliguen, practiquen, financien estás prácticas. Y también la Ley de Salud donde expresamente se prohíben.
Nombrar las violencias que las personas de las disidencias sexogenéricas enfrentamos es de suma importancia, sin embargo, no creo que deba de hacerse a través del derecho penal. Este derecho por años ha castigado, estigmatizado nuestras existencias. En los últimos años hemos visto un incremento de su uso por parte del poder legislativo como una forma rápida de, aparentemente, atender las problemáticas de diversos movimientos sociales y deslindarse de sus obligaciones para erradicar la violencia y discriminación.
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Pero la reforma a la Ley de Salud, abre una posibilidad de que las autoridades de salud, puedan diseñar un mecanismo de vanguardia a nivel nacional para prevenir y eliminar estos centros de tortura.
Los supuestos en los que pueden suceder las ECOSIGs son infinitos, se dan en el hogar, escuelas, trabajos, centros religiosos, instituciones de salud, por gente con y sin cédula profesional.
Esta reforma tiene el potencial para supervisar los anexos, granjas, centros de rehabilitación, consultorios donde se cometen estás prácticas que no se apegan ni a la psicología ni a la psiquiatría.
Se va a requerir de un esfuerzo enorme y una voluntad política aún mayor, pero se está abriendo un camino para de verdad atacar el problema de raíz.
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Quedan otros pendientes, por ejemplo:
- La SS de Hidalgo tendrá que realizar protocolos para dar cumplimiento a su nueva obligación e incluso atender casos de personas que no quieran denunciar pero sí que las autoridades hagan algo.
- La creación de un mecanismo y protocolo para la reintegración familiar, en dado de que la persona lo desee.
- Habilitar otras vías para garantizar la reparación integral del daño y el aseguramiento de que esto no vuelva a suceder.
Esperemos que así como la legislatura se ha puesto el compromiso para armonizar la legislación para proteger derechos de las disidencias y de las mujeres; el Ejecutivo y el Poder Judicial también asuma su responsabilidad y estén a la altura de las circunstancias.
Posdata:
Seguimos sin titulares de la CDHEH y la Comisión Estatal de Víctimas.
