Tepeapulco en crisis

Sin la protección política de su impulsor Gerardo Sosa Castelán, la presidenta municipal de Tepeapulco, Marisol Ortega López, enfrenta su segundo conflicto en 45 días de gobierno al ingresar al Congreso local una solicitud de juicio político en su contra promovido por la síndica jurídica y varios regidores, lo que confirma que este ayuntamiento es una bomba de tiempo como se pronosticó hace tres semanas en este espacio.

La primera confrontación la tuvo con el síndico procurador hacendario Hugo Pérez Ramírez, a quien trató de desalojar de sus oficinas utilizando a personal de seguridad pública municipal, porque si bien ambos son del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ella pertenece al Clan Universitario y Pérez Ramírez es de los fundadores que tuvo que promover un juicio para que le restituyeran el cargo porque lo sacaron de la planilla mediante maniobra del entonces representante ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y miembro del mismo clan, Alejandro Olvera Mota.

De ahí la confrontación interna, pero también es cuestionada por incorporar a la nómina a su familia empezando por sus hermanos Oscar y Jazmín Ortega López, así como a su cuñada Elizabeth Gayoso Neri, lo que ha sumido en una crisis al ayuntamiento.

Ortega López, quiere ser la versión femenina de Varguitas, presidente municipal de San Pedro de los Sahuaros en el filme La Ley de Herodes, al darse sus propias leyes sometiendo a la Asamblea Municipal el Presupuesto de Egresos 2021 para su aprobación el 8 de enero cuando la Ley Orgánica Municipal establece como fecha límite el 31 de diciembre, por lo que un grupo de regidores piden juicio político y le apliquen la Ley de Responsabilidades.

Si eso no fuera suficiente, está asignando personal del ayuntamiento para apoyar la promoción del diputado local Rafael Garnica Alonso, operador político del Clan Universitario, quien aspira a la candidatura a diputado federal por Morena, cumpliendo la orden de su jefe supremo de mantener el mayor número de diputaciones para respaldarlo políticamente en la situación legal que enfrenta, mientras hay deficiencias en los servicios municipales y en seguridad pública.