Tensiones y optimismo en el estado democrático de derecho
Septiembre iniciará con un mosaico de tensiones y sugerencias al optimismo. Las primeras, inscritas en el ámbito de lo jurídico se ubican en los planos doméstico e internacional. Con mayor o menor impacto en el interés público son, en conjunto, motivo de un ambiente de expectación y rispidez, propicio al debate como al enfrentamiento e, inevitablemente, a la discusión sobre el rumbo del país en el futuro inmediato. Las elecciones locales del año próximo y la federal de 2024, son el gran telón de fondo.
La iniciativa preferente del Ejecutivo, anunciada por el secretario de Gobernación, para la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, será el arranque de un mes patrio intenso en el Congreso de la Unión, pues habrá de sumarse a la de reforma en materia electoral, descalificada de antemano por la oposición. Esperemos a conocer la exposición de motivos donde se explique la fórmula para salvar el precepto constitucional de adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública.
En el espacio jurisdiccional el tono ya está en lo más alto. La discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dos proyectos relativos a la prisión preventiva, antecedida de la manifestación contraria del gobierno, advierten un desencuentro sin precedentes entre ambos Poderes y una definición del tribunal constitucional, y de sus integrantes en particular.
En torno de estos expedientes está la reciente discusión de la responsabilidad internacional en el caso García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció la postura de ese organismo internacional, en contra de las figuras del arraigo y la prisión preventiva, posible adelanto de un criterio coincidente en la sentencia del tribunal interamericano.
La inconstitucionalidad de lo constitucional, o la desaplicación de las normas supremas, será centro de la polémica inscrita en la discusión por dos diversas visiones de país: nacionalismo y globalidad.
Por esta línea cruzan hechos recientes, relativos al funcionamiento del Ministerio Público en sus responsabilidades locales y federal, el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, principalmente; la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos opuesta a la demandada inhabilitación de deudores alimentarios para el ejercicio de sus derechos políticos, particularmente el relativo a la elegibilidad y, el fallido rescate de los mineros en el estado de Coahuila.
Otro contexto tiene el procedimiento iniciado con las demandas de los Estados Unidos de América y Canadá por la aplicación del T-MEC respecto de la política energética, tensión más allá de las fronteras nacionales, con posibles impactos en la economía regional, en medio de una situación internacional poco favorable por la crisis inflacionaria, y el desgaste de las relaciones bilaterales con los vecinos y socios del norte. El mensaje presidencial del 16 de septiembre dará línea.
Complejo panorama jurídico el de la república, contrasta con el optimismo por el inicio en Hidalgo del gobierno de la alternancia. Lo resuelto en instancias federales e internacionales traerá efectos locales, ello sugiere un adelanto del nuevo horizonte constitucional y legal para las y los hidalguenses en el Estado democrático de derecho.
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